Por Alejandro Mondragón
Una más de la Cuarta Transformación para apretar a gobiernos estatales y municipales se registra en la nueva Ley de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.
En el Diario Oficial de la Federación se publicó, a finales del año pasado, el decreto a través del cual se fija un límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual correspondiente.
Aplica para entidades federativas y municipios, los cuales tendrán que ajustar su gasto a las nuevas disposiciones, indica el decreto también conocido como La Ley Chayote.
“Si pretenden realizar modificaciones tendrán que hacerlo a más tardar el último día de hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal”.
Y los entes públicos, en un plazo máximo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto adecuarán conforme a éste, sus disposiciones legales y reglamentarias.
La nueva Ley de Comunicación Social recibió ya críticas de organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, pues además no va de fondo con los criterios de pluralidad ni contiene reglas elementales en la regulación de la publicidad.
Sólo se recorta en todos los órdenes de gobierno, lo que sin duda estrecha los márgenes de maniobra de las administraciones y encamina a darle la vuelta por otras vías dentro de los presupuestos.
Los analistas han concluido que varios elementos del decreto van en contrasentido de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Está claro el ingrediente de control en el gasto de imagen de Estados y Municipios, en víspera de la madre de todas las elecciones del 2024.
Ya se preparan recursos de impugnación contra el mismo decreto.
