Karina Fernández |
El gobernador Miguel Barbosa Huerta expresó su preocupación por el vínculo de autoridades municipales con criminales, que ha derivado en la aprehensión de algunos alcaldes, como el caso de Inés Saturnino que permitía la operación de “el Toñín” en Tecamachalco.
Durante la entrega simbólica de 200 patrullas a 111 municipios de escasos recursos para coadyuvar en las labores de seguridad, reconoció que algunos presidentes están prófugos de la justicia, pero dijo que cada caso se está resolviendo con las órdenes de aprehensión giradas por el Fiscalía General del Estado (FGE).
“Estoy preocupado por lo que pasa en los municipios, no de manera general sino por algunos donde han sucedido hechos derivados de la relación de la autoridad municipal con el crimen. Lo estamos resolviendo permanentemente con órdenes de aprehensión, es una preocupación para nosotros”, expresó.
A diferencia de pasadas administraciones, recordó que su gobierno mejoró el presupuesto en seguridad pública que pasó de mil 300 millones de pesos etiquetados por sus antecesores a más de 4 mil millones de pesos que se aprobaron para el siguiente ejercicio fiscal.
Destacó además que las economías y el manejo ordenado de los recursos públicos han permitido que se haya cumplido con la entrega de 500 patrullas a municipios con alrededor de 20 mil pobladores, y 500 más están pendientes por entregarse.
En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna reconoció que esta administración se ha hecho cargo de manera frontal de las problemáticas sociales, particularmente en materia de seguridad en donde han hecho inversión en infraestructura y equipamiento.
“Contar con equipo tecnológico de vanguardia, lo que permitirá responder mejor ante las emergencias y contar con más y mayores herramientas para el combate al crimen, de igual forma, no sobra decir que se ha dotado de armamento y equipo táctico a la policía estatal así como a diversas policías municipales y fuerzas ministeriales”.
Se refirió a la rehabilitación de centros penitenciarios, la destrucción del llamado “Pueblito” que se ubicaba al interior del Penal de San Miguel, entre otras acciones que enmarcan la política social del gobierno en turno en favor de los poblanos.
