23-11-2024 07:36:52 AM

Avalan cobro del DAP en Puebla; ayuntamientos deberán apegarse a criterios

Karina Fernández |

 

Con los votos de ocho de diez ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), tras rechazar la acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del mismo.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Sergio Céspedes Peregrina señaló que los ayuntamientos que así lo soliciten podrán integrar dicho cobro en sus leyes de ingresos, apegados a la fórmula establecida.

“El trabajo que se da permite que el Congreso del Estado tenga orden, legalidad, y esto genera condiciones importantes para que los municipios hagan lo propio. Se tendrá que hacer cada año, el Congreso lo único que hizo es darle orden y legalidad, estaba cobrándose de una forma ilegal, hoy ya es legal y los municipios podrán estar tranquilos de estar recibiendo un recurso sí así lo desean, pero de forma legal”, expuso.

Explicó que aunque hubo ayuntamientos a los que se negó su aplicación a partir de este ejercicio fiscal, podrán solicitarlo a partir del siguiente año y cada vez que presenten sus proyectos de leyes de ingresos, a partir de que el Congreso sea notificado del fallo.

“Quienes lo soliciten bajo la misma fórmula, con los mismos parámetros con los que fue manejado este año podrán en su momento acceder bajo el análisis de los legisladores”, dijo.

En el caso particular del Ayuntamiento de Puebla al que este año se le negó el cobro de este derecho, el morenista dijo que está pendiente que los ministros resuelvan la controversia que presentó, pues incluso la Corte puede instruir a los diputados a reponer el proceso.

El legislador local resaltó que con el fallo de la Corte, Puebla se convirtió en el primer estado donde el cobro del DAP será válido, pues otros estados también han presentado controversias en la materia.

Cabe mencionar que el recurso presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos alegaba que el cobro de dicho derecho era ilegal, cuyo argumento fue desestimado al tomar en consideración los criterios que usó el Congreso local de las fórmulas para su cobro.

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