Por Valentín Varillas
En la administración de José Antonio Gali, se utilizó el padrón de beneficiarios de los distintos programas que formaban parte de la política asistencial estatal, como materia prima para la apertura y operación de empresas fantasma.
Hasta en la supuesta cara amable del gobierno, se utilizó información para simular operaciones y desviar recursos públicos con fines personales o políticos.
Un doble crimen: legal y social.
De acuerdo con una investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción (MCC), se dio a conocer que en el Sistema Estatal DIF, se robaban la identidad de algunas de las personas que acudían a la dependencia a solicitar apoyos.
Y que con la complicidad de contadores, abogados y notarios, aparecían en las actas constitutivas de estas razones sociales que se utilizaban para sangrar al erario estatal.
En el reportaje de MCC se habla del caso de Guillermo Cuenca, joven cholulteca que aparece como accionista y representante legal de la empresa Mantenimiento de Obras y Proyecto Cuenca S.A. de C.V.
El notario que avaló la operación fue Leonardo Molina Yano.
Para recibir un apoyo social, el DIF le pidió documentos personales como INE, comprobante domiciliario y otros que demostraran su discapacidad.
El escándalo detonó en Morelos, cuando se hizo público que el gobierno de la ciudad de Cuernavaca le había entregado a la empresa más de 13 millones de pesos cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde.
Pero en Puebla, esta razón social también se utilizó para simular operaciones.
El ayuntamiento de Zacatlán le otorgó contratos en el 2018.
Uno, por la cantidad de $1,273,862.93 pesos por concepto de “mantenimiento y mejoras” en el Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez.
Otro más por $322,362.2 por obras realizadas en la calle Francisco Zarco con dirección al libramiento.
Una investigación del portal Lado B reveló contratos otorgados a la misma empresa con el municipio de San Miguel Atzompa “para rehabilitar 200 mts de drenaje sanitario por un monto de 350 mil pesos IVA incluido”
También hubo operaciones con los municipios de Huehuetlán, Felipe Ángeles, San Salvador el Seco, Jolalpan y Chietla.
La misma investigación arrojó que el gobierno del estado le asignó 2.1 millones de pesos por “quitar maleza y escombro a edificios en resguardo de la Secretaría de Finanzas”.
También, esta empresa creada con los datos personales de un joven que se encuentra en una silla de ruedas y que su único “pecado” fue acudir al gobierno a solicitar un apoyo al que tenía pleno derecho, fue utilizada para simular operaciones en Puebla Comunicaciones, el sistema DIF estatal, la Fiscalía General del Estado y el ayuntamiento de San Pedro Cholula.
Hay otros casos, otros municipios y otras historias de igual o mayor descaro que muy pronto se conocerán.
Que no se pierda la memoria; mucho menos la capacidad de indignación.
