Karina Fernández |
Por unanimidad, el Congreso de Puebla aprobó la reforma integral al sistema judicial propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que remueve una estructura obsoleta en relación a los tiempos actuales y futuros.
Así lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Céspedes Peregrina quien destacó fue una iniciativa alejada de tintes políticos, sin interés de control, dobles mensajes o vicios como acusó el PAN el tribunal.
“(El gobernador) presentó a este Congreso del Estado una iniciativa trascendental, con carácter inminentemente jurídico, alejada de tintes políticos, siendo una reforma total y constitucional del Poder Judicial del Estado”, expresó.
Y es que al fijar su posicionamiento, la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia acusó que la iniciativa original era un intento de intromisión al Tribunal Superior de Justicia que no respetaba la separación de poderes y que vulneraba los derechos laborales del personal que labora en el Poder Judicial.
“Presentamos proposiciones reformatorias. La iniciativa de origen tenía varios vicios que nos parecieron muy importantes señalar y se aceptaron modificaciones que hicimos para que el fondo de esta reforma sea la procuración de justicia de los poblanos que es lo que como partido nos importa”, dijo.
Reconoció la disposición de los diputados analizar y convenir sus propuestas mediante el dialogo, la discusión ordenada y racional en las mesas de trabajo de las comisiones de Gobernación y Procuración y Administración de Justica.
La reforma constitucional del sistema judicial fue aprobada con 41 votos a favor, tras más de hora media de que cada grupo parlamentario fijó sus posicionamientos y se pronunciaron porque el dictamen fuera votado de manera unánime.
Estableció nuevos lineamientos para normar la conducta de los jueces y garantiza la autonomía del Tribunal Superior de Justicia; termina con las magistraturas vitalicias y los nuevos integrantes del TSJ sólo permanecerán en el cargo por un periodo de 15 años, además que el presidente del Poder Judicial solo estará 4 años en este encargo sin derecho a reelección.
Entre otros cambios, establece la paridad de género en la integración del Pleno del TSJ, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura de Puebla.
