Por Alejandro Mondragón
El estilo personal de gobernar de Luis Miguel Barbosa en torno al tema de la corrupción creo que ya les quedó muy en claro a cercanos y, sobre todo, lejanos.
Cero impunidad, nada de acuerdos y cárcel a quien se enriquezca desde el poder. La médula ósea de la Cuarta Transformación para garantizar su trascendencia.
Los últimos gobernadores tenían su propio estilo: Mariano Piña Olaya hacia socios con quienes obtenían jugosos negocios en sus cargos.
Manuel Bartlett Díaz no dejaba que nadie, salvo su grupo muy cerrado, se encargara de estos temas. No preguntaba, no recibía y no quería saber de nada, pues entre menos supiera, mejor.
Mario Marín jamás castigó a nadie, ni le formuló un pliego de cargos por irregularidades. Mandaba a los suyos a saber por qué quienes pellizcaban al erario lo hacían sin su autorización.
Rafael Moreno Valle creó un modelo de negocios para favorecer a sus suyos, siempre con el eje del proyecto presidencial. Los dejaba, pero después los auditaba y usaba la información para “por las buenas, bien; por las malas, mejor”.
Claro que puso en los medios la persecución a los corruptos del pasado. Algunos los señaló, con otros negoció devolver parte de lo robado (lo más que se pueda) y encarceló al exsecretario de Salud, Alfredo Arango, a quien además exhibió desde prisión en fotografías que circularon en medios. Ahí, sentó precedente.
Luis Miguel Barbosa desde su toma de posesión dijo que cero corrupción. Aquel personaje que haya afectado el erario para enriquecerse sería sujeto a proceso penal.
No le creían. Y ahora puso el ejemplo que tampoco los que trabajaron con él pueden hacer negocios al amparo del poder.
Ahí están los casos del extitular de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga; y el auditor Francisco Romero, quien cavó su propia tumba política.
Y vienen más, sobre todo del pasado y presente. Barbosa aplica cero corrupción sin impunidad.
Caen como moscas.
