Por Alejandro Mondragón
Detrás del encarcelamiento del exdiputado federal, Saúl Huerta, por presuntas agresiones sexuales a menores, existe otra estela de tráfico de influencias y poder en el denominado Cártel Inmobiliario de Puebla.
En la notaria 10, a cargo de María Bustos Soto, Huerta servía de contacto con familias como Los Posada para armar las estrategias fiscales y definir las formas de cómo obtener títulos de propiedad.
En su currículum, el propio Huerta reconoce:
“Desde 1987 asesor jurídico de la Notaría 10 de Puebla capital, a cargo de José Bustos Jiménez hasta la fecha, ahora con María Bustos Soto como notaria titular.
“De 2002 a 2012 abogado externo de Grupo Proyecta”, propiedad de la familia Posada.
“Decía que era representante de la notaría pública número 10 para reclamar terrenos en la capital poblana”, como consta en denuncias hechas por ejidatarios de San Francisco Totimehuacán.
Saúl empleaba a su hermano Octavio Huerta para apropiarse de 90 hectáreas de los campesinos, siempre amparado en la Notaría 10.
Huerta está en prisión acusado de delitos sexuales, luego del proceso de desafuero que enfrentó en el Poder Legislativo federal.
Su pasado siempre estuvo vinculado al PRI, fue secretario general adjunto con el dirigente estatal de esa época, Juan Carlos Lastiri, hasta que se fue a Morena, siempre bajo el cobijo del senador Alejandro Armenta Mier y el legislador federal, Ignacio Mier Velasco.
En plena campaña electoral, en busca de la reelección, fue denunciado por agresión sexual, lo que motivó su separación de la candidatura y expulsión de Morena.
Así que Huerta está por enfrentar otros delitos ya desde prisión.
