Por Alejandro Mondragón
Los grupos delictivos han empezado a toparse contra la pared, en el gobierno de Luis Miguel Barbosa.
Antes era fácil, movilizar a los suyos, disfrazarlos de “sociedad” con mujeres y niños por delante, para presionar a las administraciones priistas y panistas a “negociar” la pax de los pueblos.
Dejarlos operar con tal de no afectar los intereses políticos y económicos de los gobernantes. Así, tomaron fuerza los Toñín, los Valencia, los Grillo y demás personajes.
En épocas electorales, eran utilizados para financiar candidaturas o servir de halcones electorales con el propósito de consumar el fraude. Ahí están las experiencias en Puebla en pasados comicios.
Las cosas ya cambiaron. Incluso, autoridades de seguridad han sido removidas fulminantemente apenas sabe el gobernador de sus malos pasos. Aparece el ejemplo de los chiapanecos en Seguridad Pública.
Los grupos delictivos y sus líderes que han visto perder privilegios por la negativa tajante de acuerdos recurren a la propaganda en redes para victimizarse y, a su vez, tomar autopistas o bloquear oficinas para “negociar”.
Ya se conoce de los pactos de protección a la delincuencia, de la forma en la que incluso a opositores los mandaban a destazar por el propio poder.
Varios de los líderes delincuenciales ya están en la cárcel, pero faltan todavía mucho más. Aquellos que sin la protección política simplemente jamás hubieran existido y consolidado su poder en diversas regiones.
Y no se trata sólo de los lazos históricos que existen entre los cuerpos policiacos y los maleantes, sino de la decisión de Estado para pactar con ellos, como ocurrió en los últimos gobiernos de Puebla.
Ahora se toparon contra pared.
