Por Alejandro Mondragón
Antonio Valente Martínez Fuentes, mejor conocido en Puebla, como El Toñín, fue protegido de los gobiernos locales del PAN (Rafael Moreno Valle y Antonio Gali) y federal del PRI (Enrique Peña Nieto).
El morenovallismo y el peñismo lo cobijaron desde la expansión del negocio del huachicol en el llamado Triángulo Rojo que comprende los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tepeaca, Quecholac, Amozoc y Acajete.
Fue el proveedor de la gasolina robada para el transporte que sacó toneladas de tierra para la construcción de la base de cimentación de la planta Audi en San José Chiapa.
En la región se sabía que de cada peso obtenido por la venta del hidrocarburo sustraído de los ductos de Pemex, 25 centavos eran para el morenovallismo, 25 centavos a la milicia, 25 centavos para los federales y el restante para El Toñín y su grupo.
Nadie lo persiguió. Fue intocable. Es más, su grupo se convirtió en respaldo financiero para las campañas políticas en la zona. Palmar de Bravo, Quecholac y Tecamachalco, fueron ejemplos de ello.
Siempre respondió a los intereses electorales, primero el PAN y luego el Pacto Social de Integración. Su hermano se reeligió como edil de Quecholac.
Empezaron a cerrarle la llave de los ductos de Pemex y se le consideró por el gobierno barbosista como un objetivo policiaco.
Un operativo se ejecutó para detenerlo, pero sus escoltas y operadores lo impidieron. En plena pandemia del coronavirus repartió despensas en los pueblos y ahora usa redes sociales para declararse perseguido político.
Amaga con una marcha hacia la Ciudad de México como parte de su propaganda. La pregunta es quién le mantiene la protección para desafiar al gobierno poblano.
Quizá olvida que el gobierno de Barbosa lo va a detener y sabremos de sus ligas políticas y, sobre todo, quién le sostiene su protección y con qué fines.
Pronto se sabrá.
