Por Alejandro Mondragón
Por omisión o complicidad aparecen como responsables de un quebranto de 600 millones de pesos los ex secretarios de la Contraloría Patricia Leal Islas, Eugenio Mora Salgado, Eukid Castañón, Alejandro Torres Palmer, José Villagrana y Rodolfo Sánchez Corro.
Se trata de recursos que debieron recuperar del financiamiento de responsabilidades resarcitorias administrativas por irregularidades presupuestales federales, en los años del 2011 al 2016, pero por razones desconocidas no aplicaron las sanciones de recuperación de los fondos, así como tampoco ejercieron las penas administrativas que estableció la Auditoría Superior de la Federación.
El análisis, en poder de Al Portador, se basó en los datos de la propia ASF en su página www.asfdatos.gob.mx con fecha del 8 de octubre del 2020.
Ahí se desglosan más de mil auditorías que llevaron a responsabilidades resarcitorias y otras mil por responsabilidad administrativa sancionatoria.
En ninguno de los años, los entonces titulares de la Contraloría de las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad aplicaron la Ley para recuperar y sancionar a los responsables del quebranto federal que ese sexenio sumó 600 millones de pesos.
Incluso, Patricia Leal fue presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso, entidad responsable del análisis y auditoría que se realizan a las cuentas públicas.
A pesar de tener pleno conocimiento de las auditorías y el daño patrimonial que se le causó al Estado, junto con los integrantes de la Comisión Inspectora aprobaron las cuentas públicas sin salvedades.
No le importó incurrir en responsabilidades administrativas y daño patrimonial, porque Islas consintió, toleró y ocultó desde el lugar que ocupó la afectación al erario.
La Auditoría Superior de la Federación, en cualquier momento puede solicitar el reintegro de los pliegos pendientes de solventar y lo haría al ente fiscalizado, la actual administración estatal.
Las áreas jurídicas de la Contraloría también tienen responsabilidad en tales omisiones.
Por eso, será inevitable que la nueva Secretaría de la Función Pública en Puebla inicie los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades para evitar que también sean, sus ex titulares y actual responsable, culpables por omisión.
También se prevé castigo a los integrantes de la Comisión Inspectora que encabezó Patricia Leal por no atender el daño patrimonial federal por el origen de los recursos.
