Por Valentín Varillas
Los sistemas de procuración y administración de justicia en el país, siguen siendo víctimas del embate de la delincuencia organizada.
Esto no ha cambiado en estos tiempos de cambio político, ni cambiará.
Al contrario, tiende a ponerse cada vez peor.
La capacidad corruptora y de aniquilamiento de los poderes de facto goza de cabal salud y sobrepasa cualquier esfuerzo oficial por contenerla.
No hay cómo.
En el ámbito federal y local, agentes del MP, jueces y magistrados viven con el miedo permanente de tener que enfrentar algún proceso legal que involucre a algún miembro de cualquiera de los cada vez más cárteles que operan en territorio nacional.
No importa de qué zona geográfica se trate.
Ellos tienen que enfrentarse al dilema ético de dejarse corromper por los cañonazos de dinero que manejan estos grupos o bien, arriesgar la vida propia y la de sus familias en aras de la honestidad y la correcta aplicación del estado de derecho.
Se trata del auténtico “o plata o plomo” al que son sometidos también mandos policiacos de todos los niveles, además de custodios y autoridades de cárceles federales y estatales.
Tal parece que nadie se salva.
Ejemplos recientes de lo anterior son las bizarras liberaciones de presuntos delincuentes, señalados a partir de la realización de investigaciones llevadas a cabo a través de datos concretos arrojados por la inteligencia nacional.
Los padres de “El Marro”, líder huachicolero en la zona del Bajío, quien recientemente puso de cabeza a varios municipios de Guanajuato por su detención, son parte importante de esta organización delictiva.
A partir de las amenazas hechas públicas por el propio capo, de arreciar la violencia y convertir a este estado en un auténtico infierno, se dio su liberación.
La juez encargada del proceso en su contra decidió no vincularlos, con el argumento de que la Fiscalía General del Estado no aportó las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones en su contra.
El resto de los detenidos en aquel operativo, un total de 21, fueron también liberados.
Ni los agentes del MP, ni la juez, quisieron ponerse en riesgo y optaron por negarse a hacer justicia.
Algo similar sucedió en el caso de José Armando “El Vaca”, señalado como presunto autor intelectual del atentado en contra del Secretario García Harfuch, quien fue imputado por delitos distintos al ataque, debido a la supuesta incapacidad del MP de demostrar su participación directa en los hechos.
Seguramente, muy pronto saldrá libre.
Y así, bajo la misma lógica, en México se escriben cientos de historias que tienen siempre el mismo final: la más absoluta impunidad.
Un reflejo de la endémica debilidad institucional que sufrimos como nación.
Es evidente que ninguno de los responsables de esta terrible realidad quiere tener un destino similar al del juez federal Uriel Villegas, asesinado en Colima, junto con su esposa y en presencia de sus hijas, menores del edad.
El Estado mexicano es, a todas luces, incapaz de generar mecanismos efectivos para su protección.
Por lo mismo, estamos lejos de ser un país de leyes.
Vivimos en una violenta jungla en donde estamos a merced de quienes pagan o matan a cambio de salirse con la suya.
Contra esto, más allá de lo que se maneje en el discurso, no hay defensa.
