Por Valentín Varillas
Como en todo cambio político, en México existen desencantados por los saldos que hasta el momento arroja el gobierno del presidente López Obrador.
Me refiero a quienes optaron por esta opción en la boleta, en la elección del 2018, esperando una realidad distinta a la que estamos viviendo como país.
No existe una medición cuantitativa de cuántos son a la fecha.
Mucho menos un pronóstico de los que llegarán a ser dentro de un año, cuando regresen a las urnas.
Sin embargo, sí resulta interesante analizar cómo podrían comportarse en el momento en el que tengan que elegir la conformación de la próxima Cámara de Diputados federal y en los casos en donde aplique: gobernadores, presidentes municipales y congresos locales.
A simple vista, es evidente que la gran mayoría de ellos, no votaría nuevamente por Morena o alguno de sus aliados electorales.
Después de ver cómo votaron en la última presidencial, resulta lógico pensar que estaban ya hartos de los gobiernos emanados del PAN y del PRI.
¿Y entonces?
Parecería que optar por una opción independiente pudiera ser el camino.
Sin embargo, a pesar del obvio hartazgo ciudadano que existe en torno a los partidos, los proyectos ciudadanos que han competido sin el cobijo de un instituto político han fracasado de manera rotunda.
“El Bronco” en Nuevo León y Kumamoto en Jalisco, son apenas dos modestas excepciones que sobresalen en un muy amplio universo de penosos desempeños en elecciones, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Y es que, a pesar de que en teoría no confiamos en los partidos, parece que tampoco queremos arrebatarles el monopolio de la competencia electoral.
El escenario mayoritario, en este contexto, sería optar por al abstencionismo.
Ante el desencanto de la “nueva realidad” nacional, dejar de participar activamente en los procesos institucionales para elegir a nuestros gobernantes y representantes populares.
Eso sí sería una tragedia que además, por paradójico que pareciera, en los hechos favorecería a quien se pretende castigar.
Las elecciones con bajos niveles de participación favorecen al status quo, nunca a los agentes del cambio.
Sin una amplia participación de “votantes orgánicos”, es decir, de ciudadanos comunes y corrientes que espontáneamente -sin esperar un beneficio económico o político- salen a votar, al final son las estructuras las que acaban definiendo ganadores.
Esas estructuras que se alimentan de recursos públicos para su operación y que benefician electoralmente al partido del que emane el gobierno en turno.
En este contexto, pesarían más en el resultado, el voto de operadores políticos, líderes, seccionales, burócratas y ciudadanos que reciben beneficios directos de programas sociales y asistenciales.
Y entonces, los auténticos beneficiados con el desencanto ciudadano a los gobiernos emanados de Morena, serán los candidatos que compitan, precisamente, bajo las siglas de Morena.
Siniestra paradoja.
Pero es una realidad: solo con elecciones participativas, con una cantidad masiva de votantes en las urnas, se puede competir contra la ventaja que da el uso electoral del dinero público.
No hay, simplemente no existe otro antídoto que en los hechos funcione.
