Por Karina Fernández
De 2006 a 2017 se registraron 2 mil 380 quejas por tortura en Puebla pero sólo se iniciaron 33 investigaciones por estas denuncias, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El informe publicado por esta organización refiere que en dicho periodo, Puebla fue la tercera entidad con más quejas o denuncias por tortura presentadas ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, fue la cuarta con menos investigaciones penales iniciadas por las fiscalías, pues sólo se habría atendido el uno por ciento de las denuncias.
Torturas aumentaron durante el morenovallismo
La organización clasifica los métodos de tortura y malos tratos en 3: física psicológica y sexual cuyo orden responde a la frecuencia con que se presentan.
El informe refiere que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (de 2011 a 2016) se habrían registraron más de 2 mil casos de tortura en la entidad, y en el primer año de gobierno de Tony Gali un total de 238.
El mayor número de casos radicaron en 2014 con 456 quejas presentadas ante Derechos Humanos. En contraste, el mayor número de investigaciones por violaciones a los derechos humanos se contabilizaron en 2015 con 20 carpetas iniciadas.
Anterior a los gobiernos panistas no se tienen con registros, a pesar de la relevancia del caso de la periodista Lydia Cacho acontecido durante el gobierno encabezado por Mario Marín Torres que tuvo como precedente los señalamientos en su contra y de ex funcionarios por su participación en una red de trata y prostitución infantil.
Puebla, tercer lugar en casos de tortura
Después de la Ciudad de México (3 mil 062) y Chiapas (3 mil 804), el estado de Puebla ocupa el tercer lugar nacional con más casos de tortura con un total de 2 mil 380 eventos pero es el cuarto con menos investigaciones iniciadas por este delito.
En 12 años sumó apenas 33 investigaciones, y junto con Sonora, Guerrero y Campeche es de las entidades con menor número de acciones tomadas por las fiscalías estatal y General de la República.
Por el contrario, la Ciudad de México es donde se han iniciado más investigaciones por quejas de tortura y atropello a los derechos humanos con casi dos mil investigaciones en los últimos 12 años.
Castigo a responsables
El artículo 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes refiere que se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días multa, al Servidor Público que incurra en alguna de las conductas previstas en la ley.
Tratándose de un particular, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.
Cuando el sujeto activo tenga el carácter de Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad.
