Por Alejandro Mondragón
El afán de la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio, de encapsular al Centro Histórico con medidas de restricción extrema al automóvil podría ocultar otros propósitos, no necesariamente ciudadanos.
De la noche a la mañana el flujo de recursos económicos se aprecia en bolardos, señalética, medidas de contingencia ambiental, ciclo estacionamientos y demás. ¿A qué empresa proyectista se favorece?
Las acciones, desvinculadas de medidas de prevención y orientación, han generado más dudas que certezas. ¿Cumplirá su cometido la secretaria Rubio?
Por los antecedentes, todo apunta que no. Durante el sexenio morenovallista se canalizaron más de 130 millones de pesos en obras de rescate del Río Atoyac, donde participó la empresa de la familia Rubio.
La información a la que tuvo acceso Al Portador indica que con fecha del 11 de febrero del 2001, la entonces secretaria del Ambiente, Amy Camacho convocó a diversas agrupaciones para impulsar el proyecto del Paseo del Río Atoyac.
Las acciones se las encargó a Benjamín Campos Gómez, responsable del Módulo de Información del Río Atoyac, del Paseo del Río Atoyac, del Ecoparque Metropolitano y director de Operaciones y Programas de la Secretaría del Ambiente.
Este personaje es pareja de Alejandra Rubio (actual secretaria de Movilidad Municipal) y ambos son dueños de la empresa GL Arquitectura, firma que participó en el desarrollo conceptual del proyecto. Juez y parte.
Está claro que el río Atoyac no se murió por contaminación, sino por corrupción.
De ahí que sería sano transparentar el proceso de asignaciones y contratos formalizados en todo el modelo de movilidad municipal.
No sea que al rato todo el proyecto quede en familia.
