Roto, el pacto de impunidad

Por Valentín Varillas

 

Una negociación de tipo político marcó el derrotero legal del caso Lydia Cacho y tuvo como consecuencia que, la mayoría de los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarara inocente al gobernador Mario Marín por “violaciones graves a los derechos humanos” de la periodista.

De esta manera, con la venia e intervención calderonista, se pavimentaba el camino a Casa Puebla de Rafael Moreno Valle y la llegada de un gobierno “panista” a la entidad.

A cambio, Marín y su equipo transitarían sin mayor problema el resto de su sexenio, con el compromiso adicional de que, él y su grupo más cercano, tendrían que quemar naves y retirarse de la política activa poblana.

Llegado el momento, habría también que darle pan y circo a la masa.

Una supuesta cruzada en contra de personajes corruptos de la administración marinista, que tuvo como única consecuencia tangible el encarcelamiento de Alfredo Arango, un perfil prescindible y negociable que jamás fue parte de la famosa burbuja.

Lo demás: un show mediático compuesto por procesos legales mal armados y falsas cacerías de brujas, que jamás tuvieron ninguna consecuencia jurídica real para los “perseguidos”.

El pacto caminó bien hasta hace muy poco, cuando alguna mente brillante le sugirió a Mario Marín operar su “gran regreso” a la vida pública local, aprovechando la toma de protesta como candidato a gobernador de Alberto Jiménez Merino, uno de sus incondicionales.

En el script, habría loas a su persona, se le etiquetaría como un “gran activo del partido” y ante los evidentes cuestionamientos del tema Lydia Cacho, declararía alegremente que se trataba de un asunto legal en donde ya había sido exonerado.

“Cosa juzgada”-según ellos.

Muerto ya Rafael Moreno Valle, en su óptica, no había razones para mantener aquellos viejos acuerdos, ni consecuencias si estos no se respetaban más.

Perdieron de vista el hecho de que el morenovallismo puede estar deshecho en lo electoral, pero mantiene intactos su poder económico y sus relaciones de primer nivel, tanto en la política nacional, como en los medios masivos de comunicación más importantes del país.

Sobre todo en el caso de Quintana Roo, en donde gracias a la operación política y de recursos de Moreno Valle y su grupo, el hoy gobernador Carlos Joaquín González arrasó en la elección del 2016, obteniendo más del 45 por ciento del total de los votos.

En los estados de la República, a pesar de la teoría de los supuestos contrapesos, ha  existido históricamente una cercanía muy importante y probada entre la mayoría de los gobernadores en turno y los jueces y magistrados del poder judicial federal.

Mario Marín lo sabe de sobra, lo vivió y ejerció hasta la saciedad.

Moreno Valle ni se diga.

Las consecuencias -nuevamente- de fallos monumentales de percepción y toma de decisiones erradas en lo político, son demoledoras para el marinismo.

Tal vez quienes le recomendaron al ex gobernador volver a asomar la cabeza, son los mismos que le aconsejaron decir que no era su voz en las grabaciones, que alguien las había editado para dañarlo y que inclusive, había sido “imitado” como lo hacían en programas como La Parodia.

Los yerros estratégicos fueron, han sido y seguramente serán enormes.

No cabe duda que, a pesar de todo y después de tantos años, no aprendieron nada.

 

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