Por Alejandro Mondragón
Los hijos del coronel Marcelino Inurrieta de la Fuente, primer director de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad en México, llegaron a Puebla de la mano del entonces gobernador Mariano Piña Olaya.
Les entregó todo el control de la seguridad pública desde la Policía Judicial, adscrita a la Procuraduría de Justicia.
Y con ello proliferaron los primeros asaltos por la vía de comandos que igual levantaban, secuestraban y toleraban el aterrizaje de avionetas cargadas de droga en Huejotzingo y Valsequillo.
La sociedad poblana callada.
Sus recorridos nocturnos a bares y prostíbulos de la ciudad eran de antología, pero nadie decía nada hasta que la amante de un general de la XXV zona militar fue agredida en su domicilio, junto con su hija.
El agraviado llegó con pistola en mano hasta la sede de la Procuraduría para matar a los hermanos Inurrieta. El entonces secretario de Gobernación, Marco Antonio Rojas, logró calmar los ánimos.
Piña Olaya que sólo había venido a Puebla por sus mujeres y dinero soltó una carcajada por las “pillerías de sus muchachos”, pero semanas después los hermanitos siguieron en sus desmanes y se metieron a la casa del textilero Pedro Bubid, quien después del saqueo pidió la intervención del presidente Carlos Salinas.
Los fuereños se marcharon de Puebla rumbo a Tamaulipas. Jamás se les volvió a ver.
El establishment de la seguridad se logró reestablecer, porque a todos les urgía que se largara ya Mariano Piña Olaya. Con Manuel Bartlett, su sucesor, arribó un gabinete paralelo de fuereños, con dos aspiraciones: los negocios alrededor de los mega proyectos Angelópolis y la candidatura presidencial.
La inseguridad con secuestros en la Mixteca y la Sierra Negra provocó movilizaciones de protesta que se fueron politizando conforme se acercaban las elecciones y el PAN tenía bajo su control municipios conurbados, como la capital.
Melquiades Morales y Mario Marín apostaron a la receta doméstica para atender temas de inseguridad, sin sobresaltos, sobre todo para el góber precioso, quien tenía que mantener el control de todo para evitar otro pretexto que pusiera en jaque su gobierno por el escándalo del llamado Lydiagate.
Llegó el cambio de gobierno con Rafael Moreno Valle, a quien los poblanos dieron un cheque en blanco por haber echado del poder al tirano Marín. Así, empezó a traer oooootra vez fuereños que volvieron a romper el equilibrio social.
Metidos en temas como el huachicol, superados por los feminicidios y haciéndose de la vista gorda ante los secuestros y robos por la vía de pandillas, los fuereños Víctor Carrancá, Facundo Rosas y compañía dejaron una estela de omisiones para convertir a Puebla en rehén del hampa organizada.
Lo peor ha sido que después de casi 8 años, la sociedad empieza a protestar. A Moreno Valle jamás le pusieron un alto, quienes quedaron fueron de la órbita de la cooptación, porque enfrentan el Plan E: Encierro o exilio.
Ahora que las pandillas de maleantes se suben impunemente al transporte público, se meten a restaurantes, secuestran jovencitas, comercializan drogas en antros y campus universitarios, y desmantelan o roban vehículos, se multiplican las protestas.
Mucho de lo que hoy vivimos es responsabilidad de los poblanos que abdicaron al derecho de exigir una rendición de cuentas al gobierno en materia de seguridad.
¿A poco de la noche a la mañana se construyeron cientos de edificios comerciales, oficinas y departamentales en Puebla con dinero sucio?
¿Por qué caen litros de gasolina robada, pero nunca líderes o políticos y empresarios que los protegen?
El punto es claro. Los policías foráneos no son la respuesta a la inseguridad, porque ellos traen su propio negocio.
La historia en Puebla lo establece con claridad.
Son los fuereños, parte del origen de la crisis.
