Por Shanik David
Por medio de una reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla, los diputados locales buscan blindar la toma de protesta del próximo gobernador, pues se facultará al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para encabezar esta ceremonia.
La iniciativa fue elaborada por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y presentada previo al cierre del período legislativo este martes.
La reforma se justifica bajo el argumento de que “resulta pertinente homologar la redacción de diversas disposiciones de la Constitución Local, a lo previsto en el marco normativo federal, específicamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Y si bien en el artículo 87 de la Constitución nacional se faculta que el Presidente de la República rinda protesta ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de no poder hacerlo ante el Congreso de la Unión, esta reforma data de 2012.
Además, en la modificación planteada sólo se anexa la expresión “en su caso” en los artículos referentes a que el Congreso del Estado y la Comisión Permanente podrán recibir la protesta del gobernador, los diputados, los magistrados de los tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, y al Auditor Superior del Estado.
El cambio más importante sería en el artículo 75, el cual en la actualidad señala: “El Gobernador durará en su encargo seis años y tomará posesión en ceremonia que se celebrará el día catorce de diciembre del año de la elección”.
A esto se le agregaría un segundo párrafo que, de acuerdo con la iniciativa, diría: “El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél. En caso de que por cualquier circunstancia, el Gobernador no pudiere rendir la protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
Para que esta reforma sea aplicable para el cambio de gobierno que se tiene en puerta, tendría que ser aprobada a la brevedad por los diputados locales y luego contar con el aval de al menos 109 ayuntamientos para entrar en vigor antes del 14 de diciembre.
