Por Shanik David
Acciones para combatir la trata de personas, la desaparición de mujeres y los femincidios así como mejorar la atención a las ciudadanas que son víctimas de delito y reformas legales forman parte del pliego de recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) al gobierno de Puebla.
Esto como parte del segundo procedimiento de alerta por violencia de género que se inició derivado de la solicitud que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 20 de octubre pasado, y a la cual se sumaron oficios similares de las agrupaciones Protección Popular Nacional A.C., Sumando por Guerrero A.C. y Academia, Litigio Estratégico e Incidencia de Derechos Humanos A.C.
En estas solicitudes, las organizaciones denunciaron ante las autoridades el incremento de la violencia en contra de las mujeres en Puebla reflejada en feminicidios, desapariciones y trata de personas, por lo que se pidió la intervención del gobierno federal.
Tras ocho meses de estudio, el pasado 26 de junio el grupo de trabajo conformado para el estudio del caso de Puebla emitió el informe correspondiente, en el cual se detallan 15 conclusiones y 57 recomendaciones que el gobierno del estado deberá cumplir en un período de seis meses, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Impunidad en feminicidios
Como parte de los reportes presentados por la autoridad al grupo de trabajo para este análisis, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en 2015 se registraron 37 feminicidios, en 2016 59 y en 2017 68, dando un total de 165 en este período.
De estos sólo 105 han sido resueltos, 30 en 2015, otros 27 en 2016, y en 2017 se cerraron 48 carpetas de investigación.
Pese a esto, se indica en el documento, “el Tribunal Superior de Justicia, reportó únicamente 8 sentencias, de las cuales 6 son condenatorias y 2 absolutorias, es decir, sólo culminan en sentencia 4.84 por ciento de las denuncias presentadas, lo cual evidencia la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas”.
En el informe, el grupo de trabajo además señala algunas de las deficiencias en la atención a las mujeres, pues se menciona, por ejemplo, que en ocasiones hay resistencia de los servidores públicos de investigar las muertes violentas de las mujeres pues “no las ven como sujetos de derecho”.
A esto se suma que “la lejanía y la falta de recursos económicos de las mujeres así como la tardanza en las diligencias en las agencias de Ministerios Públicos por falta de recursos y poco personal, son factores que impiden el inicio de denuncias”.
También se indica de manera textual que a pesar de que hace dos años se emitió un primer informe con recomendaciones puntuales, “la atención, no ha mejorado a nivel municipal principalmente de primer contacto, a las mujeres víctimas de violencia”.
Las recomendaciones
Uno de los temas centrales de las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo, al ser una de las problemáticas señaladas por las agrupaciones que presentaron la solicitud de alerta de género, es la trata de personas y las deficiencias en la actuación de las autoridades para atender esta problemática, pues aunque se cuenta con un protocolo de actuación los propios funcionarios relacionados con estas investigaciones lo desconocen, se apunta en el informe.
Ante esto se propone, entre otras cosas, diseñar mecanismos de actuación y colaboración entre los tres niveles de gobierno y las entidades vecinas para combatir la trata de personas, generar estudios georreferenciados de la presencia de bandas dedicadas a este delito, y diagnósticos sobre su operación y sobre quiénes son los consumidores de servicios sexuales en el estado.
También se pide la creación de albergues especializados para la atención de mujeres víctimas de trata y campañas de difusión y sensibilización que sirvan para visibilizar la responsabilidad de los tratantes y consumidores de las redes de trata de mujeres y niñas para explotación sexual y difundir medidas de seguridad, entre otros puntos.
En materia de combate al feminicidio, se propone capacitar a los trabajadores de la FGE en temas como “el uso del Protocolo para la Investigación del Delito de Violación y para la Atención de Mujeres Víctimas del Delito así como el Protocolo para la Investigación del Feminicidio”.
Además se pide a creación de un observatorio ciudadano interdiscipinario que se encargue de evaluar y dar seguimiento al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio así como de las víctimas indirectas.
Llama la atención que se propone la creación de una Fiscalía Especializada para delitos cometidos por razones de género, a pesar de que ya se cuenta con una unidad de este tipo derivado de las recomendaciones emitidas en 2016; sin embargo en este caso se plantea que este organismo esté accesible en todo el estado y que cuente con intérpretes de lenguas indígenas especializados en feminicidio y violencia sexual.
El grupo de trabajo además consideró necesario establecer mecanismos para la presentación de quejas contra servidores públicos y para la revisión, supervisión y sanción del personal de la Fiscalía, cuando por “omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen, con la debida diligencia, bajo una perspectiva de género y derechos humanos, los casos de violencia contra las mujeres”.
En relación a la desaparición de mujeres en el estado, y su vinculo con otros delitos como la trata y los feminicidios, se plantea crear un Comité Técnico del Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, de modo que este mecanismo se implemente de manera más efectiva.
Al igual que en el informe de 2016, se recomienda hacer reformas a los códigos civil y penal, así como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para homologarse a criterios nacionales e internacionales, como sería cambiar el término “ofendida” a “víctima” cuando se hable de delitos en contra de las mujeres subir las penas relacionadas con delitos sexuales e incluso establecer sanciones a los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones de feminicidios.
Una de las áreas en las que los integrantes del grupo de trabajo encontraron deficiencias fue en la coordinación entre las diferentes áreas administrativas de atención a las mujeres, por lo que se planteó fortalecer el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dándole el rango de Comité de Gabinete, de modo que cuente con programas de trabajo anual y sexenales.
Además, se señala la necesidad de reformar la Ley Orgánica Municipal de modo que los institutos municipales de las mujeres se fortalezcan y se les asigne mayor presupuesto, pues en la actualidad sólo 180 ayuntamientos cuentan con estas áreas, y que cada municipio cuente
Otra área que se debe fortalecer, se detalla en el documento, son los albergues de cuidado a las mujeres y la creación de Centros Especializados que ayuden a erradicar las conductas violentas contra las mujeres “que cuenten con modelos de intervención para hombres agresores”.
