09-12-2019 03:36:20 PM

Criminalizar la protesta ciudadana

Por Valentín Varillas

 

Una constante que ha aparecido en las tres marchas ciudadanas que se han llevado a cabo en Puebla en contra de la manera en la cual se desarrolló la elección a gobernador, ha sido la aparición de células perfectamente diseñadas para “reventar” estas expresiones públicas de rechazo al fraude.

Pocos lo han hecho público, sin embargo, las organizaciones encargadas de llevar a buen puerto estas marchas, pudieron detectar a por lo menos seis de estas células, que tenían como objetivo único detonar acciones de violencia y cambiar la percepción pública sobre las mismas.

Gracias al trabajo realizado por la delegación Puebla de las autodefensas de Michoacán, que fueron los encargados de la logística en materia de seguridad de estos actos públicos, se pudieron identificar grupos de choque provenientes del Estado de México y de colonias bravas de la Ciudad de México, quienes normalmente son contratados por instancias oficiales a lo largo y ancho del país, para sembrar el caos en eventos en donde su imagen puede resultar afectada.

Se trata de auténticos profesionales.

Aquí, estaban organizados en grupos de 4 y jamás rompían esta disposición.

En lugar de marchar con el contingente, en pleno arroyo vehicular, se movían por las banquetas con especial sigilo.

En un par de casos específicos, fueron denunciados por los dueños de locales ubicados sobre Avenida Reforma, quienes estaban temerosos de que comenzaran los saqueos y los destrozos en sus establecimientos.

Algunos de ellos portaban pistolas de juguete, boxers, chacos, piedras y demás parafernalia lista para ser utilizada.

Fueron entregados a la policía municipal, quien tenía ya órdenes concretas de alejarlos del lugar y dejarlos ir de inmediato.

Afortunadamente, en ninguno de los casos pudieron lograr su objetivo.

Las acciones de prevención y detección de estos grupos fueron completamente exitosas.

Sin embargo, ha quedado claro, una vez más, que el morenovallismo detesta a los ciudadanos que se atreven a revelarse a sus caprichos e imposiciones.

Que están dispuestos a manipular, mentir abiertamente y condenar a inocentes, cuando su prestigio y reputación se encuentran en peligro.

Así lo hicieron en su momento con el asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo en Chalchihuapan.

Inventaron teorías increíbles, recurrieron a la manipulación de pruebas, a la tergiversación descarada de la verdad, con tal de encubrir a los policías estatales responsables de su muerte.

No tuvieron empacho en recurrir al Photoshop para inventarse imágenes en donde el niño indígena aparecía sosteniendo una manta de protesta –como si eso fuera suficiente para justificar su asesinato- cuando en realidad se encontraba jugando en

un predio aledaño al lugar en donde se llevaba a cabo el bloqueo de la autopista a Atlixco.

Jugaron a su antojo con las instituciones del estado para evadir su responsabilidad.

Lo mismo sucedió en el caso de los hermanos Xicale y el resto de cholultecas que se manifestaron en contra del proyecto de las 7 culturas.

Su gran pecado: hacer público su disenso ante una serie de acciones que atentaban en contra del patrimonio histórico y cultural de la región.

Les echaron toda la fuerza del aparato público poblano, hasta refundirlos en la cárcel para escarnio de quienes siquiera pensaban llevar a cabo estrategias similares de protesta.

Y es que, en estos y otros casos, más allá del supuesto apego a la ley, persiste la intención de actuar con una dureza “ejemplar”, que inhiba el legítimo derecho de expresarse y manifestarse públicamente contra las decisiones de un gobierno.

Quienes lo ensayan, hoy se venden públicamente como los políticamente maduros, los demócratas que a madrazos se han agenciado la supuesta “voluntad popular”.

La criminalización de la protesta sigue ahí, goza de cabal salud y es un signo característico de un estilo radical y autoritario de ejercer el poder, que no cabe ya en el México de hoy, pero que da peligrosos coletazos para evitar su inminente extinción.

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