Por Shanik David
Para Francisco Rodríguez Álvarez, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la falta de confianza ciudadana hacia las autoridades, derivado de la implementación del sistema penal acusatorio, es un factor que influye en el incremento de los casos de linchamientos en el estado.
Explicó que el nuevo modelo de procuración de justicia, el cual entró en vigor a mediados de 2016, ha generado un fenómeno de “puerta giratoria”, que implica que los delincuentes al ser aprehendidos quedan en libertad al poco tiempo, pues con los nuevos lineamientos hay ilícitos que por su gravedad no merecen prisión preventiva y se privilegia la presunción de inocencia.
Este fenómeno, hace que las personas se queden con una percepción de impunidad, lo cual ocasiona que baje la confianza que se tiene a las instituciones públicas, y se privilegie el buscar venganza en vez de justicia, acusó.
“La autoridad actúa como lo marca el sistema penal, no es que los atrapen y los dejen ir sino que el sistema prevé la presunción de inocencia, nos ha hecho falta comunicar cómo está funcionando el nuevo sistema de justicia”, añadió el panista.
El caso más reciente que se registró fue el del linchamiento de Gaspar Palacios Monterrosas, presidente del Consejo Electoral de Chalchicomula de Sesma, que se registró en Tlacotepec de Benito Juárez, ante lo cual Rodríguez Álvarez sugirió que esto debería motivar al Instituto Electoral del Estado (IEE) a revisar sus protocolos de trabajo de cara al proceso electoral.
Sin embargo, evadió cuando se le preguntó si el ataque a un funcionario electoral empañaría las campañas que están en curso, e insistió que le correspondería al IEE tomar acciones al respecto.
Por separado, Socorro Quezada Tiempo subió a la tribuna de la Comisión Permanente para denunciar que el tema de los linchamientos se ha exacerbado en la entidad, y que es urgente que se tomen acciones al respecto.
La diputada recordó que a finales del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido una recomendación al gobierno de Puebla y autoridades municipales para atender esta problemática derivado del ataque a dos encuestadores en Ajalpan en octubre de 2015.
“No es venir a usufructuar el dolor ajeno ni criminalizar la inconformidad social, es simplemente tomar medidas que puedan ayudar a resolver esta situación”, comentó Quezada Tiempo al dar lectura a un punto de acuerdo en el cual solicita que la Secretaría General de Gobierno informe sobre el cumplimiento de la recomendación de la CNDH y que la Fiscalía General del Estado reporte al Congreso los avances en las carpetas de investigación que se hayan abierto por los linchamientos dados entre 2017 y 2018.
