Por Shanik David
Aunque fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la que realizó “clausuras administrativas” en los 17 verificentros del estado de Puebla, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) multó a los responsables de estos establecimientos.
El titular de la dependencia, Rodrigo Riestra Piña, explicó que las clausuras fueron para que no tuvieran una sanción mayor por parte de la dependencia federal, y darles tiempo a los empresarios de regularizarse ante las instancias correspondientes.
Para esto, el gobierno del estado fijó como fecha límite e 15 de marzo para que se obtuvieran las certificaciones correspondientes por parte de la Entidad Mexicana Acreditadora -responsable de verificar que este tipo de establecimientos cumplan con la norma oficial mexicana.
Cumplido el plazo sólo seis verificentros ya habían abierto sus puertas y se encontraban operando con normalidad, mientras que otros nueve ya habían obtenido su certificación y estaban a la espera de que Profepa les autorizara reabrir; sólo dos seguían en proceso de obtener los permisos necesarios.
Dado que no se cumplieron con los plazos, la dependencia optó por multar a los empresarios, con sanciones que van desde 96 mil pesos para los que ya cuentan con la certificación pero no se encuentran en operación, hasta 299 mil pesos para los que todavía no han sido validados.
Esto implica que en total la administración estatal recaudará 1.5 millones de pesos por estas infracciones, con lo cual se busca mandar un mensaje de “tolerancia cero” por el incumplimiento de las normas, explicó Riestra Piña.
Es más, destacó que la sanción responde a que “la ciudadanía no tiene la culpa de que se acredite un procedo administrativo o no”.
