Por Shanik David
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla solicitó un pago de mil 992 pesos para poder acceder a la versión pública de los documentos que acreditan el cumplimiento de la función del Fondo para el cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014, emitida por la C.N.D.H., a pesar de que en diciembre dicho fideicomiso fue catalogado como sujeto obligado de rendir cuentas hasta su extinción.
Luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIPUE) aprobó la baja del fideicomiso del padrón de entidades sujetas al régimen de la Ley de Transparencia vigente en el estado, debido a que se eliminó este fondo “por cumplir con su objetivo”, se solicitó a la FGE los documentos que comprueban que sí se reparó el daño a las víctimas de Chalchihuapan.
Además, se pidió el acta de la sesión del Comité Técnico del 5 de diciembre de 2017, en la que se aprobó la extinción del Fondo, y un listado de “los montos que se dieron a los beneficiarios del fideicomiso en cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 de a CNDH, protegiendo datos personales de los beneficiarios”.
En la respuesta a la solicitud con número de folio 00232018, la Fiscalía sólo entregó el acta, pero el resto de la información fue clasificada como reservada mediante acuerdo ACT/013/2018 emitido por el Comité de Transparencia del organismo “sin estar sujeta a temporalidad alguna”.
El argumento para la clasificación de la información es que en estos documentos se “contiene datos personales y sensibles del individuo, es decir, aquéllos que se refieren a la esfera más íntima de su Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste”.
Y aunque se puso a disposición una versión pública del expediente, consistente en 113 fojas, es necesario pagar una cuota de 17.63 pesos por hoja “por el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información”, es decir mil 992 pesos, esto a pesar de que en la solicitud se pidió la documentación en su versión digital.
La cuota establecida por la Fiscalía excede las establecidas en la normatividad aplicable, pues por ejemplo, en la respuesta se usa como argumento para este cobro la fracción I del artículo 162 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en el cual se establece que los costos de reproducción se calcularán atendiendo “el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información”.
Sin embargo, en el mismo artículo se indica de manera textual que “los costos de reproducción no deberán ser mayores a las dispuestas en la Ley Federal de Derechos (sic)”; sin embargo, en la fracción I del artículo 5 de dicha norma -la cual también fue citada por la FGE para justificar el monto establecido-, se indica que la expedición de copias certificadas de documentos tiene un costo de 15.35 pesos.
Además, en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para 2018, en lo referente a los precios para la expedición de documentos emanados de solicitudes de información, se fijó una tarifa de 2 pesos por expedición de hojas simples “a partir de la vigésimo primera, por cada hoja”; en el caso de la copias certificadas la cuota quedó en 18 pesos.
