Por Shanik David
Un factor que influye en que no se les dé el seguimiento adecuado a las solicitudes de alerta de género a nivel nacional es el hecho de que las autoridades ven éstas como un tema político y no como una cuestión de derechos humanos fundamentales, lo cual incluso ha derivado en que se implementen campañas para desprestigiar estos protocolos.
Esto lo señaló Violeta Sánchez Luna, representante de la Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, que fue una de las asociaciones que presentaron en noviembre pasado solicitudes de alerta de género para el estado de Puebla, al momento de lamentar que en casos como el de Puebla, se ha detectado una intromisión del propio gobierno del estado para evitar la emisión de las alertas.
“Ha habido un cabildeo por parte de estado de Puebla para frenar la posible declaratoria, bajo el argumento de que esto puede afectar el turismo, las inversiones y cosas así, esto se da en todo el país pero en Puebla lo vemos con más fuerza, por eso estoy segura que se rechazó la anterior solicitud”, puntualizó la activista originaria de Morelos.
Pero estos no son los únicos obstáculos que se han topado como parte de la solicitud que se presentó para el caso de Puebla, en la cual se pide atender de manera puntual las desapariciones de mujeres dentro del contexto del feminicidio, pues al propio interior de las dependencias federales que llevan estos procesos el seguimiento ha sido lento.
Comentó, por ejemplo, que el cambio en la dirección de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) ha retrasado el proceso, a pesar de que este tipo de movimientos administrativos no deberían tener impacto en los trámites.
A esto se suma que desde finales de noviembre, cuando se le notificó la admisión de la solicitud de la agrupación y su acumulación con las otras tres que se presentaron por las mismas fechas, no ha tenido mayor información de parte de las autoridades federales acerca del avance del procedimiento.
Esta acumulación también representa un elemento de preocupación, añadió, pues cada una de las solicitudes presentadas señalan tipos de violencia específicos que tienen que ser analizados, y atendidos, de manera concreta.
Por esta razón además lamentó la decisión de mantener al mismo grupo de trabajo que revisó la primera solicitud de alerta presentada en 2016, ya que en éste, en primer lugar, no se cuenta con especialistas en el tema de desapariciones de mujeres -tema que denuncia la agrupación-, y se corre el riesgo de que tomen una postura similar a la que emitieron en julio pasado cuando consideraron que el gobierno de Puebla ha tomado acciones suficientes para atender la violencia en contra de las mujeres y negaron la alerta.
Si bien la Academia de Litigio Estratégico es una agrupación radicada en el estado de Morelos, Sánchez Luna refirió que se presentó la solicitud para Puebla como parte de las redes de colaboración que se tienen al interior del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, agrupación que se manifestó preocupada ante la negativa de la alerta de género emitida en julio del año pasado
Añadió que en concreto se enfocaron al tema de las desapariciones de mujeres porque éste fenómeno, en muchas ocasiones, está ligado con el feminicidio, además que Puebla “es un caso paradigmático porque de acuerdo con investigaciones hechas, es una de las rutas de tráfico de mujeres y de personas, es un estado de tránsito y destino de mujeres que son privadas de su libertad en distintas partes del país, es un punto estratégico para os tratantes de personas”.
