Por Shanik David
Durante la actual legislatura, se han presentado cinco puntos de acuerdo en el pleno del Congreso de la Unión en los cuales se denuncia la situación de los linchamientos que se registran a nivel nacional, de los cuales tres iban dirigidos hacia las autoridades del estado de Puebla.
Pese a esto, sólo una de estas propuestas fue aprobada por los legisladores federales sin que se tenga registro claro de cuál fue la respuesta de parte del gobierno del estado de Puebla.
Esto se incluye en el estudio “Linchamientos en México” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en donde se retoman diversas investigaciones para contextualizar el problema de los linchamientos en el país, en los cuales se coincide que Puebla es de las entidades con mayor prevalencia de esta problemática.
Se indica, por ejemplo, que de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre 1998 y 2016 Puebla se coloco en el segundo lugar a nivel nacional en este fenómeno con 101 casos registrados, siendo superado sólo por el Estado de México con 191.
Además, se cita que en un estudio elaborado por Raúl Rodríguez Guillén, del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco se detalla que “factores como la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho lo que propicia que diferentes grupos de personas decidan ejercer la violencia para ejercer la justicia en propia mano”.
Pese a esto, los exhortos planteados por legisladores federales se quedaron en meros posicionamientos sin que se llevaran a efecto, como se refleja en el estudio.
En éste, se hace una síntesis de las propuestas presentadas por los legisladores para la atención de este fenómeno social, destacando la que presentó el diputado Omar Ortega Álvarez en mayo de 2016 en donde se pedía exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se realizara un diagnóstico de la problemática de los linchamientos, y “ a los gobernadores del estado de México y de Puebla a garantizar el Estado de Derecho en sus entidades y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos en comento”.
Dicho punto de acuerdo fue aprobado el 22 de junio de 2016, sin que desde entonces el Congreso de la Unión se le exijan cuentas al gobierno poblano por estas agresiones tumultuarias.
Previo a esto, Ortega Álvarez ya había llevado el tema concreto de los linchamientos en Puebla al pleno legislativo pues el 29 de octubre de 2015 pidió la intervención de las autoridades federales y estatales para la atención del caso de Ajalpan, en donde la población linchó a dos encuestadores; sin embargo, para enero de 2016 el mismo fue desechado por los legisladores.
De manera casi paralela, la diputada Maria Eugenia Ocampo Bedolla presentó en noviembre de 2015 otro punto de acuerdo con el cual se planteaba exhortar a las autoridades de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero “a fin de atender los altos índices de linchamientos que se llevan a cabo en sus entidades”, lo cual también fue votado en contra.
Otro de los documentos se presentó el 10 de noviembre de 2015 por parte de Marco Antonio Blásquez Salinas, quien planteó que la Secretaría de Gobernación federal instrumentara “una estrategia de prevención y contención de linchamientos”, lo cual también fue desechado.
Sólo uno de los puntos de acuerdo, ingresado en noviembre pasado y en el que se hace referencia a un caso concreto del Estado de México, sigue bajo estudio en la Cámara de Diputados, según se refleja en el informe.
