Por Shanik David
Sin querer señalar a algún probable responsable del asesinato Aaron Varela, el secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Figuera Ibarra afirmó que este hecho tiene un móvil político y que podría estar relacionado con el crecimiento del partido en la región de Santa Clara Ocoyucan.
Al lamentar los hechos y exigir de manera enérgica a las autoridades estatales y federales que el homicidio se investigue a profundidad y “no se fabriquen culpables”, apuntó que, por las características y temporalidad, no se puede descartar un trasfondo político.
El representante de la dirigencia nacional describió que el cuerpo de Aaron fue encontrado en su vehículo cerca de su domicilio, con un impacto de bala en el cuello; de acuerdo con las primeras versiones, el militante de Morena todavía tenía puesto el cinturón de seguridad y el carro se encontraba encendido en punto neutral.
“Difícilmente se trata de un robo o de un acto de la delincuencia común, tiene un contenido político, es una ejecución extrajudicial que se da en el contexto electoral y se está dando en un contexto nacional en el que estos hechos de violencia son constantes”, insistió el también académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Describió que tan sólo en los últimos dos meses han sido asesinadas 10 personas vinculadas con diferentes partidos políticos en los estados de de México, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Guerrero, por lo que aseguró que la elección actual “se está tiñendo de sangre”.
En su calidad de miembro del CEN, Figueroa Ibarra además responsabilizó a las autoridades estatales de cualquier agresión que puedan sufrir los militantes de Morena en la zona de Ocoyucan, donde desde hace años se tiene un conflicto con Antorcha Campesina que no se ha logrado resolver.
“Morena ha tenido un crecimiento importante en el estado, y si en esa zona se ha dado el mismo fenómeno un crecimiento del partido puede afectar intereses, es un probable cambio en el escenario político”, puntualizó el académico, pero reiteró que no se señala a nadie en particular pues la identificación de los responsables es obligación de las autoridades.
Por su parte, el secretario Genera de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, afirmó que el asesinato del aspirante de Morena no genera condiciones de desestabilidad de cara a la elección del 1 de julio, pues desde la dependencia se ha trabajado para evitar cualquier brote de violencia.
Para esto, refirió, se ha diseñado un protocolo para la protección de los participantes de la elección, además que se tienen previstos ajustes a los operativos de seguridad para garantizar la paz en la contienda.
Sin embargo, hasta el momento ninguno de los candidatos ha pedido la ayuda de las autoridades, y no se les puede obligar a contar con un mecanismo de seguridad sino lo requieren, concluyó el secretario.