Por Alejandro Mondragón
Cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. Eso y no otra cosa le debe ocurrir al gobierno del estado ante el director jurídico de lo Contencioso de la Contraloría, Alfredo Baltazar Ajuria Vergara.
Y es que este personaje con nivel de puesto G0501 interpuso un amparo indirecto contra el Congreso del Estado, el gobernador Antonio Gali Fayad, los secretarios de Infraestructura, Seguridad Pública y Finanzas, así como el director del Periódico Oficial y agentes de tránsito.
La razón establecida en el expediente 191/2018 es que se inconforma contra el cobro de las fotomultas.
Ajuria Vergara, el funcionario, le indignó la foto infracción y exigió la devolución del pago vía cheque de Finanzas por mil pesos.
La cámara de control vehicular detectó que iba en exceso de velocidad y al ciudadano “Lujurias”, como se le conoce en la Contraloría, no le pareció pagarla y se amparó.
Lo que podría tratarse de un hecho de defensa legal ante la chingadera de la fotomulta que beneficia a una empresa favorecida por el ex gobernador Rafael Moreno Valle: Autotraficc, se ha convertido en un conflicto de interés.
Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero Ajuria contrató como su defensor a Eduardo Liceaga García, abogado liquidador del Centro Expositor, quien junto con el magistrado Siriako Guillén, habían incurrido en quebranto al erario.
Fue la Contraloría la que inició un proceso precisamente desde la Dirección Jurídica Contenciosa, a cargo de Baltazar Ajuria, sí el mismo que a quien acusaba de desfalco al Estado, ahora lo usa para amparos contra las fotomultas aplicadas por el gobierno donde labora.
Hay un claro conflicto de interés en todo esto.
Aquí el amparo íntegro:
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