Por Shanik David
Sin que haya un reporte claro acerca de la operación del Fideicomiso Fondo para el cumplimiento de la Recomendación 2VG / 2014, emitida por la C.N.D.H., éste fue extinto por parte de las autoridades estatales a principios de diciembre pasado.
Esto se dio a conocer durante la última sesión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIPUE), cuando se aprobó dar de baja el Fideicomiso del padrón de sujetos obligados, con lo cual ya no se tendrá que difundir la información relacionada con su operación en los portales gubernamentales.
El argumento que se dio para la baja del fideicomiso es que el 5 de diciembre de 2017 el Comité Técnico del mismo determinó su extinción ya que se había cumplido su objetivo.
Sin embargo, en los tres años de existencia del fondo, y a pesar de que estuvo sujeto durante seis meses al régimen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, no se tienen datos claros acerca de cómo es que cumplió su objetivo.
Hay que recordar que fue dentro de la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de Chalchihuapan, que se pidió al gobierno de Puebla que se reparara el daño a las víctimas de los hechos del 9 de julio de 2014 -cuando perdió la vida José Luis Alberto Tehuatle Tamayo-, para lo cual se creó el citado fideicomiso.
En su momento, de acuerdo con información disponible en el portal de la CNDH, la Fiscalía General del Estado -responsable administrativamente del fideicomiso- informó los avances en la atención a las víctimas, siendo el último reporte el presentado del 9 de septiembre de 2015.
En aquella ocasión, se notificó que, después de establecer los montos de indemnizaciones y apoyos a las víctimas, y con apoyo de la Fiscalía Especial para la atención del caso “se hizo entrega de cada uno de los cheques, con cargo al Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión ‘Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por concepto de reparación del daño; (…) hasta la fecha, ninguna de las personas que recibieron la correspondiente indemnización ha formulado inconformidad alguna”, pero no se detalla si Elia Tamayo Montes, madre del niño de 13 años fallecido, aceptó el cheque.
Sin embargo, no se hace mención del monto pagado o si esto conllevó la extinción del fideicomiso, lo cual genera dudas acerca del tema, pues en el reporte de la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente a 2016 se informa que dicho fondo contaba con cuatro millones de pesos para la atención de las víctimas; es decir, un año después de la entrega de los cheques todavía tenía recursos.
A esto se suma que en el informe de labores que presentó el fiscal Víctor Carrancá Bourget ante el Congreso del Estado correspondiente a 2016 se indica de manera textual: “Atención a las víctimas del Caso Chalchihuapan, durante los años 2014, 2015 y 2016, la FGE se encargó de dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, a través de la atención a los pobladores que resultaron víctimas, así como a sus familiares y a los policías afectados por el enfrentamiento, erogándose por concepto de ayuda, asistencia y reparación de daño una cantidad de $4 millones 516 mil pesos”.
Estos son los únicos datos oficiales que se tienen de manera pública cerca de la operación del fideicomiso, pues incluso se evadió la responsabilidad de rendir cuentas bajo el nuevo marco en materia de transparencia.
Lo anterior quedó asentado en los informes de la primera revisión diagnóstica que hizo el ITAIPUE tras la entrada en vigor de la nueva Ley, donde documentó que hasta agosto del año pasado -fecha en la que el fideicomiso seguía vigente-, no se había subido la información pública de oficio a la Plataforma Nacional de Transparencia.
