Por Shanik David
La exigencia de la atención a la violencia en contra de las mujeres en el estado de Puebla, reflejadas con la presentación de más solicitudes para la emisión de alertas de género, es un tema que nada tiene que ver con el proceso electoral o que tenga un interés político de fondo.
Con esto, activistas que forman parte de la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres de Puebla respondieron a Diódoro Carrasco Altamirano por la postura que manifestó durante su comparecencia frente a los diputados locales hace unas semanas (https://goo.gl/nH1YTr)
“Para nosotras es claro que la solicitud de alerta es una demanda de varios años atrás, no involucra a este gobierno, involucra el rezago que tenemos de varios sexenios y varios gobiernos y ha tenido su cúspide en la violencia feminicida”, afirmó Natali Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Información (Cafis).
Destacó que Puebla se encuentra en una situación de alerta, ya que muchos de los casos de feminicidio han generado conmoción a nivel nacional, por lo que las autoridades tienen que entender que “no es un asunto de quién gana o quién pierde, es cosa de cumplir una obligación” y sobretodo que se visibilice el problema que se vive en la entidad.
Por su parte, Mariel Guzmán Cortés, integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) explicó que “independientemente de la persona que quede, el partido que quede, el color que quede, tienen un compromiso firme para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y eso no está a debate”.
Esto, continuó, pues la falta de acceso a la justicia es lo que deriva en las demás problemáticas de la violencia de género, lo cual está íntimamente relacionado con la actuación de Víctor Carrancá Bourget, quien al final de cuentas no se irá a pesar del cambio de gobierno.
Además, las activistas lamentaron que a pesar de que hacia el cierre del año pasado se presentaron al menos cuatro solicitudes de alerta de género éstas no sólo fueron acumuladas en un mismo proceso, sino que además la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) determinó que fueran estudiadas por el mismo equipo de trabajo que resolvió la primera solicitud.
Esto, explicó Hernández Arias, es incorrecto toda vez que cada solicitud versa sobre un tipo de violencia distinto -ya sean desapariciones de mujeres, feminicidio o violencia sexual-, por lo que cada una merecía un trato distinto.
Las organizaciones que presentaron estas solicitudes son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Protección Nacional Popular A.C., Ciudadanos en Acción por Guerrero A.C. y Academia de Litigio Estratégico e Incidencia e los Derechos Humanos A.C.
