Por Shanik David
El gobierno del estado está a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) resuelva las denuncias que se presentaron el año pasado por la supuesta red de espionaje operada durante la administración de Rafael Moreno Valle, aunque no hay preocupación al respecto porque se actuó con apego a la ley.
Con esto, Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno, buscó evadir el tema de las intervenciones telefónicas que presuntamente se dieron durante la administración anterior, asunto que le fue cuestionado de manera reiterada durante su comparecencia en el Congreso del Estado.
La primera que subió el tema al pleno legislativo fue Socorro Quezada Tiempo, quien indicó que su pregunta era a nombre de Julián Peña Hidalgo, pues dado que el diputado no forma parte algún grupo legislativo no tenía autorizado plantear sus cuestionamientos a los funcionarios.
Sin embargo, Carrasco Altamirano se negó a contestar públicamente, argumentando que debido al protocolo establecido para las comparecencias respondería por escrito, postura que mantuvo después de que Quezada Tiempo volvió a subir al pleno para hacer suyas las preguntas del exmilitante de Movimiento Ciudadano en torno al espionaje telefónico y la presencia de grupos de delincuencia organizada en la entidad.
Fue hasta que Geraldine González Cervantes, representante del Partido Verde Ecologista de México, preguntó qué avances se tenían en la investigación de esta red de espionaje y cuáles son los equipos de inteligencia con los que cuenta el gobierno del estado que el secretario se vio obligado a responder.
“Como se estableció en un primer momento cuando se presentaron las denuncias, la posición del gobierno del estado es la que dice la ley, la intervención de conversaciones privadas es un delito federal que se investiga y se castiga conforme a las disposiciones de carácter federal que establece la ley”, indicó el funcionario estatal al negar de manera tajante que se hayan hecho este tipo de labores por parte de las autoridades.
Para cerrar el tema explicó que si bien el gobierno del estado sí cuenta con un equipo de inteligencia este es un grupo “humano”, que se encarga de analizar documentos y “fuentes vivas” para identificar factores sociales y políticos que pudieran generar algún riesgo para la gobernabilidad de la entidad.
En otro tema, el encargado de la gobernabilidad en el estado dio a conocer que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) ha recibido “entre tres y cuatro” nuevas solicitudes de alerta de género para la entidad de Puebla, entre las que se encuentra la que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante esto, Carrasco Altamirano consideró “curioso” el hecho de que al acercarse el proceso electoral “se agilicen” este tipo de peticiones, pues recordó que fue previo a la campaña de 2016 cuando se presentaron las primeras dos solicitudes ante el organismo federal.
“Puede ser que haya un motivo electoral, no lo afirmo ni lo niego”, puntualizó, pero dijo que se estará a la espera de que la Comisión haga la valoración correspondiente de las nuevas peticiones para ver cuáles sí tienen sustento.
En cuanto al robo de combustible, refirió que uno de los factores que influyeron en la mejora de las estrategias para el combate de este delito fue el fortalecimiento de las redes de colaboración con las dependencias federales, las cuales apoyaron aportando información que ayudó a identificar “el tamaño del animal”.
Esto derivó en que en el 2017 se cerraran 958 tomas clandestinas -58 por ciento más que en 2016-, se abrieran dos mil 395 carpetas de investigación, se recuperaran dos mil 536 vehículos robados y más de cinco millones de litros de combustible, y además se detuvieron y presentaron ante las autoridades 736 presuntos delincuentes como parte del Grupo de Coordinación Puebla.
El titular de la SGG planteó que un indicador para identificar la efectividad de estas acciones es la variación del precio del combustible robado, el cual pasó de 7 pesos el litro en febrero a 14.5 pesos al cierre del año, lo cual, dijo, pone en evidencia que esta actividad ya no es conveniente para los grupos delictivos.
