Por Shanik David
De 2011 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 40 quejas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por asuntos que van desde incumplimiento de formalidades para cateos hasta ejecuciones, las cuales se concentran principalmente en la zona donde operan bandas dedicadas al robo de combustible.
De acuerdo con datos del organismo, en Puebla, Xicotepec, Quecholac, Huauchinango, Tehuacán y Tepeaca -municipios en los que se han decomisado altas cantidades de combustible robado, detectado tomas clandestinas o detenido a personas vinculadas con estos delitos- se presentaron 21 quejas contra militares en el período antes mencionado.
Destaca que desde 2014, cuando se detonó el robo de combustible en los municipios antes mencionados, las quejas han ido a la alza de manera exponencial, pues mientras que ese año se presentó una sola denuncia, para 2015 fueron dos y 2016 cerró con cinco; además, al corte de octubre de este año la CNDH tenía registradas tres quejas relacionadas con casos acontecidos en Quecholac y Tepeaca, según se desprende de reportes proporcionados por la Comisión vía transparencia así como datos disponibles en su página de internet.
Aunque ninguna de estas quejas derivó en alguna recomendación, e incluso algunas fueron desechadas, reflejan que hay una inconformidad de los ciudadanos sobre la presencia y actuación de las fuerzas castrenses en los últimos años, la cual podría incrementar en caso de aprobarse la Ley de Seguridad Interior.
La queja más conocida es la que se presentó por la ejecución de un presunto huachicolero en Palmarito Tochapan en mayo pasado, la cual sigue bajo estudio por parte de las autoridades de la CNDH, sin embargo entre los abusos cometidos por militares y que fueron denunciados ante dicho organismo destacan tratos crueles e inhumanos, violaciones a la integridad física y persona, detenciones arbitrarias, omisiones en el cumplimiento del deber, intimidaciones, por mencionar algunas.
El incremento en las quejas en la zona del robo de combustible coincide con el aumento de militares en la entidad, pues en respuesta a una solicitud de información presentada por este medio la Sedena notificó que hasta 2012 se tenían cuatro mil 19 soldados en Puebla, pero en 2013 la cifra aumentó a cuatro mil 119, la cual se mantuvo hasta este año cuando se comisionaron seis mil 674 elementos a la entidad; sin embargo, a pesar de que se pidió de manera puntual, en el reporte proporcionado no se precisa en qué municipios están desplegados los soldados.
Además, se presentó otra solicitud de información ante la Sedena en la cual se requirió información sobre las quejas recibidas por los órganos de control interno por presuntas violaciones a derechos humanos, pero la dependencia federal respondió que esto se le tenía que requerir a la CNDH, pese a que, de acuerdo con documentación de la propia secretaría, la Dirección General de Derechos Humanos tiene la facultad de conocer estos hechos.
La respuesta se impugnó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección e Datos Personales (INAI), la cual sólo ordenó que la Sedena cumpliera con la formalidad de emitir un acuerdo de inexistencia.
De este modo, no se tienen registros oficiales de denuncias, tanto internas como externas, que se hayan presentado por abusos cometidos por los soldados, pues oficialmente la Sedena dijo que tal información no existe en sus archivos.
