Por Shanik David
A un mes del sismo que dejó a miles de damnificados en Puebla, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García, exigió desde la Cámara Baja que se implementen mecanismos de vigilancia para evitar que los apoyos públicos o privados que han llegado a la entidad sean usados con fines electorales.
En un punto de acuerdo, la legisladora poblana indica que así como se recibieron toneladas de víveres de diferentes partes del país para las personas que se vieron afectadas por el temblor, también se dieron denuncias sobre las entregas irregulares de los mismos por parte de funcionarios públicos.
“Existen denuncias públicas sobre el ejercicio indebido o irregular en el uso de los apoyos para los damnificados, entre estas anomalías se encuentran reetiquetamiento de productos, condicionamiento en su entrega y uso para la promoción personal de servidores públicos estatales”, se indica en el documento.
Como ejemplo de esto, cita que en comunidades de Huaquechula y Tehuitzingo voluntarios denunciaron que las autoridades municipales impedían que las despensas que se recibían fueran distribuidas entre la población, mientras que en otras poblaciones ha habido opacidad en cuanto al número real de afectados y beneficiados.
Incluso menciona que, de acuerdo con declaraciones hechas por el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto, hay una diputada federal de Acción Nacional por Puebla que está bajo investigación por este tipo de uso discrecional de los apoyos para los damnificados.
“Todo acto contrario a nuestro marco jurídico, debe ser investigado y en su caso sancionado conforme a derecho, más cuando se trata de un ejercicio indebido en la entrega de la ayuda humanitaria para los municipios y localidades”, subraya en el texto la priista.
Ante esto, solicita que tanto la Fepade como la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla generen mecanismos que les sirvan para prevenir, identificar y sancionar las irregularidades por parte de los funcionarios públicos en relación a la entrega de apoyos para las personas que fueron afecatdas por los sismos de septiembre.
Esto, se añade, “a fin de esclarecer denuncias públicas sobre el presunto condicionamiento de programas sociales, retención y robo de vehículos con ayuda humanitaria, así como el uso de apoyos con fines electorales”; sin embargo la propuesta fue turnada a comisiones para su estudio.
