Por Shanik David
La falta de una reglamentación que marque mecanismos de seguridad para los servicios de taxi ejecutivo -como son Uber y Cabify- es responsabilidad directa del gobierno del estado y del Congreso, pues pese a que tuvieron tiempo para resolver esta problemática, se ignoró el tema.
Así lo indicó la diputada Socorro Quezada Tiempo, al recordar que fue en julio de 2015 cuando el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado de Puebla que abrió paso a las plataformas digitales de servicio de taxi.
En menos de un mes los diputados aprobaron la propuesta del Ejecutivo, sin hacerle cambios sustanciales, como es común cuando el mandatario en turno turna alguna reforma, comentó la perredista.
De este modo, la ley que rige a estos servicios quedó sin algún requisito de seguridad que deberían cumplir las empresas o los conductores, lo cual ha llevado a que éstos automóviles sean empleados para cometer delitos, y aunque en el reglamento de la misma ley se pudieron haber establecido lineamientos de seguridad, este nunca se modificó.
Es más, en el decreto de la reforma no se estableció un plazo para hacer estos ajustes, pues el artículo transitorio séptimo sólo indica que “el Ejecutivo del estado expedirá las modificaciones al Reglamento de esta Ley”.
“Como siempre en el Congreso del Estado hemos sido omisos y hasta cómplices de estas situaciones, porque no dimensionamos las repercusiones que hay cuando votamos”, lamentó Quezada Tiempo, al indicar que este caso pone en evidencia que “no podemos seguir dando votos a diestra y siniestra” y que las iniciativas tienen que analizarse a conciencia en las comisiones.
Además, consideró que la propuesta que anunció José Antonio Gali Fayad para reformar la ley de transporte y normar estos servicios es sólo una forma de evadir la responsabilidad que pesa sobre él y su antecesor.
Añadió que en caso de que se presente la iniciativa esta debe cubrir a todos los servicios de transporte para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Algo similar expresó Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) -institución en la que estudió Mara Castilla, joven que fue asesinada por un chófer de Uber-, al indicar que cualquier reforma para mejorar el servicio de transporte tendría que cubrir desde los camiones urbanos, taxis convencionales y los ejecutivos.
“Me parece que sí es necesario revisar toda la regulación para tratar de generar mejores condiciones de seguridad para el usuario, tiene que ser una reglamentación general que implique o que invite a los concesionarios de los diferentes tipos de transporte a que apliquen esas medidas según el tipo de transporte”, puntualizó el rector.
Además, destacó que si bien el gobierno debería elaborar la propuesta, esta debería ser consultada y estudiada tanto con la población como con los propios concesionarios, para que todos los involucrados den su opinión en el tema.
