Por Shanik David
La opacidad con la que las autoridades han operado y contratado el seguro contra desastres naturales en Puebla, llegó hasta el Senado de la República, donde los miembros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron auditar estas pólizas.
Por medio de un punto de acuerdo firmado por todos los senadores del tricolor se requiere, en primer lugar, que la Auditoría Superior del Estado (ASE) analice, en el ámbito de sus facultades, “los recursos ejercidos por el Gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, el proceso de contratación y la empresa proveedora”.
Además, se le pide al gobierno actual que presente un informe ante la Cámara Alta que incluya los mismos puntos, de manera que se tenga claridad acerca dela aplicación y contratación de estos seguros.
La petición se presenta como parte de la discusión legislativa que se ha emprendido en los últimos días, en la cual los diputados y senadores de diferentes grupos partidistas requieren que haya mecanismos de transparencia en la aplicación de los recursos que se empleen para las labores de reconstrucción por los sismos de las últimas semanas.
Es más, en el documento los priistas indican que los recursos que se puedan gestionar con estos contratos “serán importantes en las tareas de reconstrucción de las mil 230 escuelas dañadas y 3 mil 319 viviendas reportadas como pérdida total, así como en el rápido restablecimiento de los servicios básicos, de telecomunicaciones y de la red estatal de caminos y puentes”, por lo que es necesario que el gobierno de Puebla rinda cuentas al respecto.
La falta de información oficial sobre los planes, plazos para la gestión de recursos, cronogramas y aplicación del seguro (firmado desde la administración de Rafael Moreno Valle y ratificado de manera anual), ha generado dudas acerca del uso que se le ha dado a esta póliza la cual, según declaraciones de funcionarios estatales, alcanza hasta los 30 millones de dólares.
“Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración ha referido sobre la contratación del servicio pero que es la Secretaría General de Gobierno la encargada de transparentar dicha información, sin embargo, ésta última no ha otorgado información alguna al respecto”, acusan los senadores.
