Por Shanik David
El espionaje telefónico hacia los críticos del sistema, la militarización del estado para combatir el robo de combustible, la violencia de género y la falta de mecanismos efectivos para el combate a la corrupción son algunos de los problemas que aquejan a la sociedad en la actualidad, lamentó el rector de la Universidad Iberoamericana Fernando Fernández Font al rendir su cuarto informe de labores al frente de la institución educativa.
Destacó que las universidades no pueden mantener los ojos cerrados hacia la realidad en que la que se encuentran inmersas, por lo que en vez de tener miedo a los actores políticos que “definen para bien y para mal” el destino de la población, es necesario tener posturas críticas y para visualizar los conflictos y ayudar a la reconstrucción del tejido social.
Espionaje
Dentro de su mensaje, Fernández Font reprobó a nombre de la comunidad universitaria los casos de espionaje que se han denunciado tanto a nivel nacional como estatal, por considerar que esto representa una vulneración a los derechos a la intimidad y privacidad de los ciudadanos, y exigió que las autoridades no sólo investiguen y sancionen este tipo de hechos sino que además se den garantías de que no se repetirán.
“En México, alzar la voz o develar información tiene un precio que va desde la intromisión a la privacidad hasta la muerte” lamentó el rector, al señalar que estos son elementos suficientes para demostrar que lo vacío de los discursos de las autoridades cuando presumen vivimos en un país democrático.
“Hasta cuándo develar las estructuras profundas de la realidad, evidenciar la verdad sin cortapisas, hasta cuándo dejará de ser un riesgo para aquellos que tienen la voluntad de cambiar el rumbo este país”, insistió al solidarizarse con aquellos que se han visto afectados por este tipo de hechos.
El posicionamiento del rector toma especial relevancia si se toma en consideración que de acuerdo con las últimas revelaciones relacionadas con la red de espionaje que operó en el estado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle él fue uno de los personajes que fueron vigilados.
Robo de combustible
Por otra parte, Fernández Font afirmó que no es por medio del incremento de la presencia militar en el estado que se podrá acabar con el robo de combustible, problema que calificó como un “cáncer que tiene infectada a la entidad”, sino que más bien las autoridades tienen que cambiar su estrategia y fortalecer el Estado de Derecho.
“La presencia del huachicol en la zona del Triángulo Rojo nos ha confirmado que las decisiones estratégicas deben tomarse a tiempo y con celeridad, y no por intereses de servidores públicos, pues es la ciudadanía a la que se pone en riesgo”, destacó.
Con esto, insistió que más allá de recurrir a la “fuerza letal del estado” se tiene que trabajar en acabar con la impunidad de este delito, lo cual derivará en su disminución paulatina.
Violencia de género e impunidad
Por segundo año consecutivo, Fernández Font dedicó parte de su informe de labores al tema de la violencia de género que persiste en la entidad, y lamentó que pese a la alta incidencia de feminicidios en el territorio poblano la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres decidiera no emitir la alerta de género para Puebla.
“En la actualidad México es un país misogino y aunque hay intentos para caminar hacia la equidad de género los feminicidios van al alza”, puntualizó, al reprochar que este tema no se haya atendido por medio de los mecanismos existentes a nivel nacional.
En cuanto al tema del combate a la corrupción, si bien consideró favorable la conformación de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, comentó que el modelo estatal podría nacer con vicios que podrían condenarlo al fracaso, en particular por la falta de autonomía de los organismos que lo conforman.
Por ejemplo, criticó que la Fiscalía Anticorrupción forme parte de la estructura formal de la Fiscalía General del Estado y que su titular fue nombrado “sin contrapesos” y de manera unilateral.
Algo similar señaló en relación al Tribunal de Justicia Administrativa, pues los magistrados que formarán parte de este no sólo durarán 15 años en el cargo, sino que serán seleccionados por el gobernador del estado, lo cual pone en duda su independencia pese al encargo que desempeñarán.
