Por Shanik David
Miembros de la corriente perredista Alternativa Democrátcia Nacional (ADN), denunciaron formalmente a servidores públicos por presunto tráfico de influencias, luego de que las autoridades fueran omisas en tomar acciones en contra de éstos.
Uno de los denunciados es el Juez Primero de lo Civil, Gabriel González Alegría, quien a principios de julio se vio involucrado en una pelea con un ciudadano en un restaurant de la colonia Huexotitla, y aunque se denunció que fue él quien ocasionó la trifulca, hasta el momento no se ha reincorporado a funciones ni ha sido sancionado por estos hechos.
La segunda denuncia fue en contra de Silvestre Garma Arenas, exdirector operativo del Centro de Control, Coordinación, Comando y Cómputo (C5), quien renunció a su puesto luego de que su hijo fuera detenido por participar en un secuestro exprés, para el cual usó su arma de cargo.
Fue desde el 10 de julio que los militantes del Partido de la Revolución Democrática le solicitaron públicamente a la Fiscalía que se investigaran y sancionaran ambos casos, pero ante la falta de respuesta se optó por presentar las denuncias en las que se señala el tráfico de influencias.
Estos hechos, comentó Juan Meneses Osorio, secretario de Planeación Partidaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, deben servir para sustentar el documento que presentó un grupo de militantes hace un par de semanas ante el Congreso del Estado para que se destituya al fiscal Víctor Carrancá Bourget.
Apuntó que esto pone en evidencia que el fiscal no escucha a los ciudadanos además de que incurre en omisiones en su actuación, pues pese a la gravedad de ambos hechos no se procedió en contra de los servidores públicos involucrados.
