Por Shanik David
Durante el primer semestre del año, la Secretaría de la Contraloría ha impuesto sanciones económicas que alcanzan los 330 mil 318 pesos, destacando que fue un médico el de la multa más alta.
El 13 de enero la Contraloría emitió el resolutivo del expediente 18/2016 abierto en contra de Jesús Velazco Alvarado, entonces director del Hospital General de Teziutlán, a quien se le destituyó del cargo y se le ordenó pagar una sanción de 99 mil 139 pesos.
Sin embargo, las versiones públicas de los resolutivos dados a conocer por la Contraloría están incompletas, pues se omiten las páginas que detallan las quejas que dieron origen a la queja, así como la falta en la que incurrieron los funcionarios en cuestión, por lo que se desconoce cuál fue la infracción que cometió el médico para recibir una multa de tal magnitud.
Por otra parte, se impuso una sanción económica de 96 mil 979 pesos a René Hernández Reyes, director del Centro Escolar Juan N. Méndez de Zacatlán, y aunque también se le imputó una suspensión temporal por ocho meses, “para su cumplimiento deberá tomarse en cuenta a partir de la suspensión provisional ordenada por esta autoridad, y que fue ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil quince”.
En este caso tampoco se tiene registro oficial de cuáles fueron las anomalías en las que incurrió el funcionario adscrito a la Secretaría de Educación Pública, pero de acuerdo con reportes de medios regionales el director fue denunciado por padres de familia por malos manejos de los recursos de la escuela.
Además, en el resolutivo del expediente 4/2015 se determinó que Pedro Tirzo Espinoza merecía una multa de 80 mil pesos y una inhabilitación por tres años; el sancionado estaba dado de alta como analista del departamento de Operaciones y Enlace de la Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Un caso que llama la atención es el de las sanciones que se impusieron a Juan Alejandro Ruiz Meza y Marco Antonio Luís Sherman, pues contrario a los otros funcionarios públicos la multa que se les impuso la tendrían que pagar en conjunto.
Ambos laboran en la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, como director y responsable técnico, respectivamente; dentro del expediente 2/2016 se les ordenó pagar una “indemnización del daño al erario público causado” por 32 mil 200 pesos.
En cambio, el único policía estatal sancionado económicamente en el primer semestre del año fue Edgar Hernández Quecholac, a quien se le multó con 22 mil pesos y se le inhabilitó por cinco años.
