Por Shanik David
Pese a los retrasos que se tienen para acatar diversas disposiciones en materia de derechos humanos y que incluso ya se cuentan con iniciativas para cumplir con dichos criterios en el Congreso del Estado, será hasta 2018 cuando el gobierno estatal presente un paquete de reformas para atender estos puntos.
Así se establece en el Programa de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el cual tiene dentro de sus objetivos “armonizar la normatividad interna con los estándares nacionales e internacionales para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Dentro de este rubro, el Ejecutivo propone tres líneas de acción centradas en la homologación de la Constitución estatal con la nacional en el tema de los derechos humanos, proponer iniciativas para racionalizar las penas de manera que se favorezca la reinserción social de los presuntos delincuentes, elaborar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como otras iniciativas que fomenten la igualdad de género, la erradicación de la trata de personas y la discriminación.
En el plan de trabajo se indica que en los meses que restan de este año se elaborarán los documentos en cuestión, pero que será hasta 2018 cuando estos se presentarán ante el Congreso del Estado o se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, esto a pesar de que ya se tienen avances al respecto al interior del Congreso.
A continuación, se presentan los puntos contenidos dentro de este objetivo y se detallan los retrasos que se tienen en estas armonizaciones.
Reforma a la Constitución “favoreciendo el principio pro personas”
Al interior del Congreso del Estado ya hay dos iniciativas que buscan incluir el principio pro persona en la Constitución Política del Estado: una fue presentada por Víctor Manuel Giorgana el 31 de julio de 2014 y la segunda la elaboró Sergio Céspedes Peregrina en julio del año pasado.
La inclusión de este principio, que implica que las las leyes se tienen que interpretar dando la mayor protección a los ciudadanos, fue uno de los ajustes en materia de derechos humanos que se hicieron a nivel federal en 2011, siendo Puebla uno de los estados que no ha homologado dicha disposición.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla
Esta es una de las leyes con mayor retraso en el estado, pues fue desde 2004 cuando se creó a nivel federal, lo que implica que Puebla tiene un rezago de 13 años.
Esto pese a que en 2011 se presentó una iniciativa para la creación de dicha ley a nivel estatal, la cual fue enviada a la “congeladora” legislativa y no se ha discutido.
De acuerdo con lo que marca la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en esta se establecen los criterios para la indeminización de ciudadanos cuando sufren “daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
A nivel federal esta norma está vigente desde 2012 y dio paso a la creación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual atiende las denuncias de amenazas o agresión en contra de este sector, siguiendo los pasos y lineamientos del mencionado ordenamiento.
Y mientras el gobierno propone presentar una iniciativa propia al respecto, la cual estaría apegada a la Ley Federal, desde el 29 de marzo de este año el diputado independiente Julián Peña Hidalgo presentó una propuesta para la creación de esta ley a nivel local, la cual retoma todos los criterios de la disposición federal.
Conformación del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Si bien el nombramiento de los miembros del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación es una de las exigencias más fuertes de las organizaciones de la comunidad LGBTTTI, este punto podría quedar antes de lo previsto por las autoridades estatales, pues al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ya ha habido avances en la materia.
En el cronograma contenido en el Programa de Derechos Humanos del Estado se establece que este comité entraría en funciones en 2018, sin embargo, el diputado Sergio Céspedes Peregrina comentó que al interior de la Comisión ya se aprobaron los lineamientos de la convocatoria y que sería en el transcurso de las próximas semanas cuando se lanzará.
El priista explicó que fue por falta de consenso que se retrasó este asunto, pero que podría ser en el actual período de receso cuando se nombren a los integrantes del Comité, lo cual se definirá una vez que se reactiven labores en el legislativo.
Hay que recordar que aunque la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación se emitió en 2013, fue hasta septiembre de 2015 cuando se publicó el reglamento, lo que implica que este Comité tiene un retraso de poco menos de dos años.
Reglamentos
Los ajustes al marco normativo no sólo corresponden al Congreso, pues también se prevé la creación de dos reglamentos, lo cual es responsabilidad del Ejecutivo estatal.
Los dos documentos que se elaborarán presentan retrasos de entre tres y dos años, pese a que estas disposiciones secundarias son fundamentales para que las leyes que acompañan sean aplicables.
Tal es el caso del Reglamento de la Ley de Protección a Víctimas, pues por la falta de éste no se ha podido conformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, siendo Puebla de los estados que no cuentan con este organismo.
En mayo de 2014, cuando entró en vigor esta ley, se estableció un plazo de 120 días hábiles para la creación del reglamento; una vez que se tuviera este se abría un plazo de 90 días hábiles para la conformación de la Comisión Ejecutiva.
Algo parecido pasó con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se publicó el 3 de junio de 2015, y pese a que se dio un período de 180 días naturales para expedir el reglamento, sería hasta el próximo año cuando se cuente con éste.
Lo nuevo
De los puntos nuevos que se contemplan en estas iniciativas que presentará el Ejecutivo, resalta la reforma al Código Penal para modificar la prisión vitalicia y racionalizar las penas que se impongan a los delincuentes, aunque en el programa no se especifican los cambios que se plantearán o los alcances de los mismos.
Además, el gobierno del estado buscará modificar disposiciones de la Constitución Política y de la Ley de Educación para incluir en los planes y programas de estudio los derechos humanos y que éstos sean “base fundamental de la Educación Básica en la Entidad Federativa”.
También se proponen reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación -sin que se detallen cuáles serían los ajustes-, y a la de Protección de Víctimas del Delito para incluir “las violaciones a los derechos humanos y que se contemple la protección a víctimas directas, indirectas y potenciales”.
