Por Shanik David
El incremento en la violencia de género, la poca atención a grupos vulnerables como comunidades indígenas o población LGBTTTI, así como las condiciones de las cárceles del estado de Puebla son algunos de los puntos que se incluyen dentro del diagnóstico que elaboró el gobierno del estado para el diseño de Programa de Derechos Humanos y en los cuales se hace especial énfasis.
Y aunque la primera acción que se tomó como parte del programa fue la instalación de la Comisión para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el análisis sobre las condiciones de este sector es breve en el documento, pues sólo se mencionan algunos aspectos de la situación en general del país, sin poner datos concretos del caso poblano.
La única mención directa del contexto poblano en este rubro indica que “las y los defensores de derechos humanos y periodistas, frecuentemente manifiestan ser víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades”.
Sin embargo, también se indica que los abusos que se han llegado a ejercer por parte de elementos de la fuerza pública al momento de combatir algún hecho ilícito son “la excepción” y cuando se llegan a presentar se aplican las medidas administrativas o jurídicas correspondientes.
Sobre los diferentes sectores vulnerables en la entidad, destaca el tema de la violencia en contra de las mujeres, pues al analizar este rubro se retomaron datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana en relación al número de feminicidios y estos se contrastan con los reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado.
En el diagnóstico se indica que de acuerdo con dicho organismo de enero a noviembre de 2016 se registraron 76 feminicidios, mientras que la Fiscalía sólo tenía contabilizados 46 hasta octubre del mismo año.
Además se retomaron datos de notas periodísticas para señalar el alto índice de delitos sexuales, pues de 2010 a junio de 2015 se registraron 12 mil 910 denuncias -contando violación, estupro, trata de personas y acoso sexual-, de las cuales el 80 por ciento fueron presentadas por mujeres.
Un dato que llama la atención es que al hacer referencia de las condiciones de los Centros de Reinserción Social, se señala de manera puntual el alto grado de sobrepoblación que se tiene en la actualidad, se debe a que muchos internos son personas que cometieron delitos no graves y que llevan su proceso en la cárcel.
Ante esto se sugiere revisar la forma en la que los acusados por estas faltas puedan llevar sus juicios sin pisar los centros penitenciarios, lo cual contrasta con los llamados reiterados que ha hecho el gobernador José Antonio Gali Fayad para mantener este tipo de medidas preventivas.
También se hace mención de las violaciones a sus derechos humanos que sufren las personas de la comunidad LGBTTTI, pues se dice que esta “es una preocupación para el gobierno estatal, en atención a que no existen datos suficientes sobre el tema, debido a que una buena parte de los crímenes homofóbicos no se denuncian” y cuando sí se acude ante las instancias correspondientes no se atribuye la calificativa de delitos de odio que ya se tiene dentro del Código Penal.
En otra sección del diagnóstico se reconoce brevemente que aunque Puebla es uno de los estados con mayor cantidad de población indígena, este sector todavía sufre grandes carencias en acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, propiedad de la tierra, además de que sufren discriminación y no tienen un acceso adecuado a la justicia.
Algo similar se percibe en relación a los migrantes, pues pese a que el estado es un territorio de expulsión, recepción y tránsito, “la población migrante es víctima de secuestro, trata de personas, delitos sexuales, lesiones y homicidio por parte de bandas criminales”.
