Por Shanik David
La instalación de la Comisión para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por parte del gobierno del estado, pareciera una buena propuesta de las autoridades pero todavía merece ganarse la confianza de los activistas.
Si bien la medida, en papel, suena positiva, pero necesita ir acompañada de acciones efectivas que demuestren que sí hay un verdadero interés para el cuidado de activistas y reporteros, y no sólo quedarse en buenas intenciones, comentó Carolina González Barranco, vocera del Comité para la Libertad de los Presos Políticos.
De entrada, dijo, no se tiene una garantía de que las condiciones vayan a cambiar en cuanto al respeto de los movimientos sociales y el ejercicio periodístico, pues pareciera más bien que desde hace más de seis meses terminó el sexenio de Rafael Moreno Valle todavía se mantiene su forma de gobernar.
“El gobernador y el presidente municipal han tenido oportunidades para demostrar que hay un parte aguas entre el gobierno morenovallista y ellos, y al menos pareciera que en el caso de Antonio Gali el poder de Moreno Valle fue transexenal”, puntualizó González Barranco.
“Tenemos a los mismos personajes, parece que no hay una voluntad real, sólo hay un discurso que suena bien”, añadió la activista, al indicar que pese a que en la presentación los funcionarios del gobierno del estado presumieron que esta Comisión estará conformada por académicos y organizaciones sociales, en sí no se tenía conocimiento de esta propuesta.
Insistió que aunque “como está presentado suena bien”, no ve viable que esto pueda lograr un cambio verdadero, a menos de que sí haya una verdadera disposición de las autoridades de revisar la actuación gubernamental la cual se tiene que traducir en hechos concretos y prontas para atender a los grupos que fueron perseguidos durante el morenovallismo.
