Por Shanik David
Una semana después de que venció el plazo para hacer las reformas relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el gobierno del estado envió iniciativas al Congreso local para hacer nuevos ajustes legales relativos a la operatividad del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa.
Este organismo, que forma parte del SEA, será el responsable de dirimir las controversias entre particulares y entidades de gobierno, y aunque es una de las piezas fundamentales del sistema, fue en la fecha límite que se aprobó su ley orgánica.
Ahora, el gobernador José Antonio Gali Fayad solicitó al Congreso modificar el párrafo seis de la fracción X del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, para cambiar la integración del citado tribunal, pues aunque originalmente se había dispuesto que contaría con tres magistrados, el mandatario busca que se incrementen a siete.
Si bien en el artículo mencionado se indica que estos funcionarios durarán 15 años en el cargo, en los transitorios de la iniciativa se establece que, por única ocasión, los magistrados sólo estarán 13 años los cuales serán improrrogables.
Hay que recordar que le corresponderá al gobernador Gali Fayad seleccionar las ternas que se presentarán ante el pleno para la elección de los magistrados, aunque no hay una fecha estimada de cuándo se podrían dar estos nombramientos.
Una segunda propuesta presentada por el titular del Ejecutivo busca la derogación de los títulos Tercero y Cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, los cuales hacen referencia a cuáles son las responsabilidades públicas en sí de los funcionarios, las infracciones y procedimientos sancionatorios, así como el registro patrimonial de los trabajadores públicos.
Esta reforma responde a que estas disposiciones “son incompatibles con el nuevo sistema”, pues representan una contradicción con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se creó como parte de las normas que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el documento se explica que esta contradicción podría generar problemas en la actuación del TJA que también sería el responsable de aplicar las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, el hecho de que no se haya homologado esta disposición general en el ámbito local fue justificado por Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política hace unas semanas, bajo el argumento de que al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hay una discusión acerca de los puntos que podrían contener estas leyes en los estados, por lo que hasta que no haya un acuerdo final no se entrará al tema.
