Por Shanik David
Dado el contexto de violencia hacia las mujeres que se vive en el estado, así como el cumplimiento parcial por parte de las autoridades de Puebla de las recomendaciones que se emitieron en junio del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se posicionó a favor de que se emitiera la alerta de género en la entidad.
Esto se señala de manera textual en el voto razonado que emitió la CNDH como parte del estudio que hizo el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) del informe de cumplimiento que emitió el gobierno de Puebla en torno al proceso para la emisión de la alerta de género.
Aunque se determinó que no era necesaria, por el momento, la alerta y sólo se emitieron recomendaciones adicionales, la representación de la CNDH manifestó que el organismo “no comparte la valoración final sobre los avances en el cumplimiento de las propuestas poro parte de la entidad. Esto, atendiendo de manera particular al contexto de violencia en la entidad, y teniendo en consideración las implicaciones de las omisiones o acciones parciales realizadas por las instancias competentes para implementar las propuestas contenidas en el informe”.
En el documento, firmado por Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH con fecha del 12 de julio, se indica que sí había elementos para emitir la alerta de género, si se toma en consideración que en 2015 se registraron 94 homicidios de mujeres -de los cuales sólo 30 fueron consignados como feminicidios-.
Para justificar su posición, la CNDH hace un recuento de las omisiones del gobierno de Puebla para evitar la alerta de género, como fue el hecho de que pese a que se etiquetaron dos millones 600 mil pesos para la elaboración del diagnóstico de las diferentes modalidades de violencia en contra de las mujeres, hasta la fecha no se ha concretado, además que no se tienen reportes oficiales sobre el número de homicidios o feminicidios, lo cual “es un problema relevante”.
A esto se suma que si bien se conformó el Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres, no hay información publicada.
Un dato que llama la atención es que se hace una crítica puntual sobre la campaña de difusión sobre la violencia de género pues, en primer lugar, se apunta que “en algunos casos refuerza estereotipos de género”, además que las acciones se ejecutaron en su mayoría en la capital del estado y no se tomó en cuenta a la población indígena para el diseño de esta estrategia mediática.
También se señala que genera preocupación el hecho de que, pese a que se requirió que se generaran mecanismos de vinculación con las instituciones de educación superior para el combate de la violencia de género, no se cuenta con un protocolo de atención para la violencia hacia las mujeres en el ámbito escolar, lo cual genera un ambiente de “desprotección” en los espacios educativos.
Otro de los aspectos que se consideraron quedaron cumplidos parcialmente fue lo relacionado a las ordenes de protección, pues aunque se emitieron algunas medidas para fortalecer éstas, no se difunde la existencia de estos mecanismos para el cuidado de las víctimas de violencia, no hay registro del seguimiento a las mismas y tampoco hay claridad en los elementos para valorar el riesgo en el que se encuentran las mujeres cuando piden este tipo de apoyos.
Y si bien se reconoce que se tomaron acciones para la capacitación de los servidores públicos en materia de género y derechos humanos, estos programas fueron a corto y mediano plazo, sin que haya mecanismos para evaluar los conocimientos adquiridos, además que se emplearon principalmente recursos federales para financiarlos.
