Por Rocío García Olmedo
Sin duda cuando se trata de derechos de las mujeres, cada vez que se toca el tema, muchos y a veces muchas, se convierten en ejemplo de que la “ignorancia es atrevida”.
Lo escuchamos hace algunos días cuando un diputado al Congreso poblano, el diputado Pablo Montiel señalaba, que se nos han concedido “derechos irracionales” para “dar compensación por la situación pasada” -al hacer alusión- a que “hace unos años el valor de la mujer se reducía a mera compañía del varón.”
Esos “derechos irracionales” a los que se refería el diputado, que no pudo llamar por su nombre; son los derechos sexuales y reproductivos, blanco de ataques de diversos grupos conservadores, a los que les conviene olvidar por conveniencia que “los derechos reproductivos comprenden ciertos derechos humanos universalmente reconocidos, que descansan en el derecho básico a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espaciamiento entre los hijos y a alcanzar el más alto grado de salud sexual y reproductiva. Incluido el derecho de todas y todos de tomar decisiones relativas a la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia.”
El diputado ignora que Puebla ocupa uno de los primeros lugares de todo el país donde mueren más mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo. También seguramente ignora que la Norma 046 es vinculante para todos los estados de la República. O también, que el 60 por ciento de las violaciones a menores de edad ocurren en casa, en ocasiones cometida por los propios padres (heterosexuales y casados).
Y como justamente no quisiera que la ignorancia de algunos, se apodere de la interpretación de la reciente Resolución emitida sobre la solicitud de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres para el estado de Puebla, que pudieran pensar, que con este Resolutivo “por arte de magia” se acabó la problemática de violencia en contra de las mujeres en Puebla, o hasta pudieran ser capaces de decir “ya hicimos todo lo que pidieron”; es importante precisar justamente por la existencia del contexto de violencia feminicida que vivimos en Puebla y que provocó no solo la solicitud de Alerta, sino también que en efecto el Estado poblano, trabajara a “marchas forzadas” en sentar las bases jurídicas y normativas -hasta antes de esto inexistentes- para ahora sí iniciar con la atención de esta problemática.
De ahí que es importante resaltar que hicieron diversas reformas a nuestras leyes: Ley de Prevención y Atención y Sanción de la Violencia Familiar; Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del estado de Puebla, Códigos Civil y Penal, firmaron sendos Convenios macros de coordinación y varios Acuerdos para garantizar la no violencia en materia de educación pública y para las mujeres del sistema educativo poblano, elaboraron Manuales, Protocolos, instalaron el observatorio de medios, rediseñaron el Banco Estatal de Datos de Mujeres Víctimas de Violencia, actualizaron Protocolos de Investigación del delito de feminicidio en el Sistema Penal Acusatorio, así como el Protocolo para la investigación, preparación a Juicio y Juicio de los delitos en materia de Trata de Personas, crearon una unidad de atención inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” en la Secretaría de Seguridad Pública; y por ello el Resolutivo señala que se realizaron acciones que satisfacen las recomendaciones iniciales.
Ahora hay que echarlo a andar, para como dice el mismo Resolutivo “para comenzar a revertir la atención inmediata”. Hay que implementarlo para su desarrollo transversal en las instituciones del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo y difundir entre las mujeres del estado de Puebla.
Por ello se determina que las políticas públicas diseñadas tienen carácter de permanentes. Y como el censo de Procuración de Justicia registra en Puebla un incremento de homicidios de mujeres cada año, y ocupa el octavo lugar en denuncias de violencia familiar en agravio de las mujeres; el Gobierno del Estado de Puebla se obliga a dar continuidad a las acciones reportadas y a adoptar 8 medidas específicas que enlistan:
- Elaborar un Diagnóstico de tipos de violencia por región.
- Diseño y ejecución inmediata de prevención de violencia en transporte público.
- Acciones inmediatas para monitorear órdenes de protección a mujeres víctimas.
- Integrar el Centro Estatal de Datos de casos de violencias contra mujeres.
- Crear un programa de atención a hombres generadores de violencias.
- Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos, violencia sexual y desaparición de mujeres.
- Conformar un grupo especializado para revisar todos los casos anteriores de los últimos ocho años en Puebla.
- Otorgar mayores recursos a las instituciones involucradas en la prevención, atención y sanción de las violencias en contra de las mujeres.
Como vemos este Resolutivo notificado al Gobierno del Estado de Puebla el pasado 7 de julio del presente año, es apenas el inicio del trabajo que hay que implementar a favor de los derechos de las mujeres.
Deseo que todo ello no represente ocasión para que en la Tribuna más importante del estado, algún diputado nuevamente comente que todas estas acciones representan “derechos irracionales.”
