Por Shanik David
Aunque en la sesión del pleno de este martes el Congreso del Estado aprobará la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, -pieza faltante para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción-, sí hubo un incumplimiento sistemático en la construcción de éste.
Esto lo afirmó Lilia Vélez Iglesias en su calidad de representante en Puebla de la organización Nosotrxs, al señalar que este problema se dio en todo el país, pues los legisladores federales y estatales no acataron las leyes y cronogramas que ellos mismos se habían establecido para concretar los sistemas anticorrupción.
Un caso concreto es el Consejo de Participación Ciudadana en el estado, pues aunque los diputados habían anunciado tiempos muy precisos para la definición del Comité Seleccionador, estos no se cumplieron por lo que el organismo quedará listo hasta finales de año.
Sin embargo, comentó la también académica de la Universidad Iberoamericana, este retraso no es responsabilidad de los integrantes del comité, pues es un efecto del incumplimiento de los miembros del poder legislativo.
“Ahora van a ser 90 días para que hagan el trabajo de selección, pero en lo personal prefiero que hagan un trabajo bien a que hagan un trabajo corriendo, además que las universidades y organizaciones han demandado que se haga un trabajo transparente y abierto a la sociedad” apuntó.
Lo que queda por el momento es que los ciudadanos estén vigilantes de los procesos que se den como parte de la conformación de los organismos que del SEA para garantizar que se cumplan con las disposiciones y lineamientos jurídicos en la materia.
Con este caso, Vélez Iglesias ejemplificó el objetivo de Nosotrxs, la cual es una organización nacional conformada en mayo pasado, que busca una “revolución de conciencia” y regresar el manejo de la política a los ciudadanos.
Para esto, se busca acercar a los ciudadanos a las leyes que se tienen en materia de derechos fundamentales, para que conozcan sus contenidos y, en especial, las herramientas que contienen éstas para exigir que se cumplan.
La idea, insistió, es que los ciudadanos entiendan los marcos jurídicos y que usen estas leyes y las propias instituciones que se han creado para defender sus derechos, pues dado que la política sólo se ve como una cuestión electorera se ha dejado de lado la busqueda de mejorar las condiciones de vida de las personas.
