Por Shanik David
Hasta marzo de este año la Contraloría municipal sancionó a los policías que se vieron involucrados en el caso del desalojo violento que sufrieron estudiantes del Colectivo Universitario para una Educación Popular (CUEP) en febrero de 2015.
Fueron 17 policías y un subdirector de Seguridad Pública los que recibieron una amonestación privada por los hechos del 8 de febrero de hace dos años, sanción que se aplicó en respuesta a una de las recomendaciones que emitió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla dentro del expediente 11/2015.
En concreto, en el punto cuatro de la citada recomendación, la cual se emitió el 27 de julio de 2015,el ombudsman estatal le requirió al presidente municipal que se abrieran procedimientos ante la contraloría en contra de 19 autoridades responsables dentro del caso; esto implica que uno de los señalados no recibió sanción alguna.
Esto se desprende del reporte de funcionarios sancionados publicado en el portal de transparencia del ayuntamiento de Puebla, en donde se les señala a los 18 uniformados de “omitir prestar el auxilio y protección a miembros del ‘Colectivo Universitario para una Educación Popular’ que se manifestaban con huelga de hambre y fueron agredidos por civiles en el Zócalo”.
Sin embargo, destaca que el resolutivo de los procedimientos abiertos en contra de los policías se emitió hasta el 17 de enero de 2017, es decir 18 meses después de que la CDH pidió que se sancionara los responsables de no auxiliar a los jóvenes cuando fueron agredidos.
Sancionan a 83 policías
De acuerdo con el reporte del ayuntamiento, de agosto de 2014 a marzo de este año han sido sancionados 83 policías que, dependiendo de la gravedad de su falta, han recibido desde amonestaciones privadas o públicas, hasta la destitución del cargo que ocupan o inhabilitaciones.
De los casos que valen la pena señalar está el de José Óscar Canizo Gómez, quien fue suspendido de su puesto por solicitar cuotas para la asignación de patrullas y acosar sexualmente a sus compañeras.
Además, los policías Delfino Rojas Sánchez, Jorge Hernández Hernández y José Jorge Álvarez Cruz, fueron destituidos e inhabilitados -en el caso de Álvarez Cruz sólo se le aplicó la primera sanción-, por participar en la detención con exceso de fuerza de un ciudadano que grabó a los uniformados durante un operativo de alcoholímetro el 4 de mayo de 2015.
Al policía Josué Salazar Corona se le destituyó del cargo y fue inhabilitado temporalmente en agosto de 2014, pues agredió física y verbalmente a un ciudadano, además de que atendió asuntos personales en horario de trabajo.
Un caso que llama la atención es el de Silvano Romero Mejía, a quien se le acusó de obtener indebidamente 195 mil 303.35 pesos “por concepto de sueldo neto durante el periodo del 01/12/2011 al 28/04/2013 encontrándose recluido”; fue castigado con la destitución del cargo, una inhabilitación y una sanción económica.
Dentro del documento se refleja que hay funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) que reincidieron en fallas, por ejemplo está el caso de Cristina Arhumy Muñoz Hernández, quien fue sancionada en noviembre de 2015 por emitir una infracción de manera indebida, pero para marzo de 2016 fue suspendida del cargo por la “retención ilegal de dos garantías, con la finalidad de garantizar el pago de la infracción y extravío de placa”.
Otro caso es el del policía Rafael Trujillo Martínez, quien fue inhabilitado temporalmente en dos ocasiones en menos de dos meses; la primera fue el 9 de junio de 2016 por abuso de funciones y para el 25 de julio siguiente se emitió una segunda sanción en su contra por omitir custodiar un incidente de tránsito, por lo que el responsable se dio a la fuga.
Incapacidades apocrifas
En cuanto a las acciones en las que incurrieron los policías que fueron sancionadas estas van desde estacionarse en un lugar incorrecto, manejar un vehículo oficial sin placas, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad y “obtener beneficios adicionales” a los que perciben en el ayuntamiento.
Sin embargo, una de las faltas más recurrentes es la presentación de incapacidades apócrifas, por lo cual han sido sancionados 17 policías en el período que se reporta, de los cuales algunos fueron reincidentes en la falta.
Tal es el caso de María Paula Fentanes García, en contra de quien en 2016 se emitieron cinco sanciones por la presentación de esta documentación falsa, lo que le valió cinco inhabilitaciones temporales, tres sanciones económicas y la destitución del cargo.
Algo similar se reportó en relación al policía Víctor Manuel Moreno Sánchez, quien en el mismo año fue sancionado cuatro veces por la misma falta, y Esaúl Bonilla Molina con dos casos registrados.
