Por Shanik David
Por medio de un supuesto programa de becas la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) evade responsabilidades fiscales y laborales, al poner a alumnos de diferentes facultades a trabajar en algunas de sus unidades de negocio pero sin reconocer la relación patronal con ellos, siendo uno de estos casos el de la Estación de Servicio Universitaria.
Este es un esquema que se ha operado por más de 10 años, siendo la regla que “la gasolinera nunca pierde”, como narró Omar Rodríguez Luna, egresado de la facultad de Derecho y quien fue despachador en la estación de servicio entre 2005 y 2007.
Rodríguez Luna, hoy abogado especializado en temas laborales, demandó a la BUAP ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por la falta de reconocimiento de la relación laboral que sostuvo a su paso por la gasolinera, tema que ya se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como parte de los procesos legales emprendidos por el egresado de Derecho, descubrió que aunque la BUAP niega ser propietaria de la gasolinera, en el acta constitutiva se indica que la universidad es socia mayoritaria, pues es dueña del 99 por ciento de las acciones.
Por esto, la universidad ha buscado a lo largo de este tiempo acallar el tema por “el impacto social que tendría de saberse que fueron explotados estudiantes, no hay que perder de vista que sí es una beca, de que sí, de ahí saqué mis estudios, pero se aprovecharon de mi trabajo” sentenció.
Los abusos
En entrevista con Status Puebla, el exestudiante recordó que fue por medio de un cartel pegado en los pasillos de la universidad que se enteró de la “beca” en la gasolinera, la cual ofrecía condiciones que, en su momento, le parecieron adecuadas: 500 pesos de apoyo estudiantil a la quincena, más propinas, jornadas de seis horas al día, cinco días a la semana.
Sin embargo, al cabo de unos meses, a raíz de la adquirió al hacer su servicio social en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Trabajo (Profedet), detectó que lo que desempeñaba no era una actividad de beca, sino un trabajo: estaba subordinado a las órdenes de la gerencia de la gasolinera, además que prestaba un servicio a la empresa y a cambio recibía una contraprestación -cualquiera que sea su nombre-, elementos que, explicó, legalmente conforman una relación laboral.
A esto se sumaron las condiciones de explotación que sufrían, pues por ejemplo si faltaban un día a trabajar se les descontaban dos días, y dado que no tenían autorizadas vacaciones tenían que pedirle a alguien que cubriera sus días para no perder pagos y propinas; también sufrían descuentos cuando había faltantes en los cortes, pese a que estos no fueran responsabilidad suya.
Otro de los elementos que señaló fue la falta de servicio médico o de la más mínima atención, pues un día mientras despachaba gasolina a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ésta fue llamada de emergencia y arrancó con la manguera todavía puesta, provocando que le cayera gasolina en el ojo; la gerencia no hizo nada por ayudarlo y sólo se pudo lavar con agua la cara.
Rodríguez Luna tuvo acercamientos con la gerencia para expresar su inconformidad por la falta de prestaciones pese a ser un trabajo en forma, y aunque al principio hubo respuestas amables, al final fue visto como un trabajador problemático.
Un elemento que demuestra que el trabajo no era en sí una beca, señaló, es que había gente laborando como despachadores que ya habían egresado de la universidad sin que hubiera problema alguno; él mismo solicitó poder continuar laborando al terminar sus estudios pues requería el dinero para mantener a su familia y pagar su titulación, pero por sus señalamientos se le negó esta posibilidad.
La demanda
Fue hasta que terminó sus estudios que Rodríguez Luna optó por demandar a la universidad y a la gasolinera, argumentando que sí se trató de una relación laboral y que se le debían las prestaciones de ley que merecía por su trabajo; este primer recurso lo presentó hacia finales de 2007.
Por cuestiones personales, e incluso de suerte como él mismo lo reconoce, el juicio se mantuvo estancado por dos años y fue hasta 2009 cuando por cuestiones internas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se turnó de la Junta 3 a la Junta 5.
A partir de entonces se desarrolló un proceso jurídico que tardó seis años más, en el cual la universidad buscó todos los mecanismos para evitar aceptar su responsabilidad, pues se negó la relación con el joven cuando laboró en la gasolinera, y se pusieron obstáculos para el desarrollo de las audiencias.
Una de las escenas que Rodríguez Luna consideró que representan la forma en la que actuó la universidad y cómo se mintió de manera sistemática en el juicio fue cuando el representante legal de la BUAP -quien también representaba a la gasolinera-, afirmó que las utilidades generadas por la estación de servicio no eran usadas por la casa de estudios; sin embargo, para demostrar su calidad de apoderado legal tuvo que presentar el acta constitutiva de la empresa, en donde se demuestra que la BUAP es dueña del 99 por ciento de las acciones y un particular del uno por cieno restante, además de que se indica de manera textual que el 100 por ciento de las utilidades son para institución educativa.
Otro caso que consideró emblemático fue una ocasión en la que el mismo representante legal se negó a participar en una de las audiencias, en la cual se presentarían los testimonios de la parte acusadora, pues había un error mecanográfico en el citatorio, pues en una parte decía que la misma era convocada por la Junta 3, cuando en realidad era en la Junta 5 -pese a que al final del documento venía el número correcto y la firma de los integrantes de la misma-.
Al final, la JLCA emitió un laudo absolviendo a la BUAP argumentando que dentro de la misma demanda Rodríguez Luna había aceptado que lo que recibía era una beca, por lo que el resto de las pruebas carecían de valor.
Ante esto, presentó un recurso de amparo señalando, entre otras cuestiones, que fue incorrecta la suspensión de la audiencia antes mencionada por el error mecanográfico; este recurso fue ganado, y el juzgado federal determinó que dado que el citatorio era válido, el que las partes señaladas -en este caso la universidad y la gerencia de la gasolinera- no participaron en la audiencia implicaba que aceptaban como ciertas las acusaciones en su contra.
Pese a esto, la JLCA emitió un nuevo laudo dándole la razón a la universidad, retomando el mismo argumento de que se trataba de una beca y no de un salario en forma.
Una vez más Rodríguez Luna recurrió a los juzgados federales, ahora con la presentación de un recurso ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Materia de Laboral; sin embargo, en esta instancia recibió un nuevo revés, pues los magistrados ni siquiera entraron al análisis de las pruebas y elementos del juicio, y señalaron que dado que él reconoció que era una beca lo que le daban no se acreditaba que fuera una relación laboral.
“Yo confíe en el Tribunal, pero no sé si fue ignorancia, corrupción o los dos”, lamentó el abogado, y si bien ya presentó un recurso ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no sabe dónde acabará el asunto.
“La BUAP usó su poder político para parar el tema” afirmó de manera tajante Rodríguez Luna, pues este tendría un impacto social y económico para la universidad.
El vídeo
Fue a raíz de la última sentencia del Tribunal Colegiado que Rodríguez Luna, en un intento de evidenciar lo que sucede en la universidad con el programa de becas, subió a redes sociales un breve vídeo donde resume parte del caso, el cual se puede ver en https://www.youtube.com/watch?
Las respuestas recibidas en redes han sido variadas, algunas a favor y otras en contra, pero lo que más llama la atención son los comentarios de estudiantes que, 10 años después, siguen sufriendo los mismos abusos que se cometían en la gasolinera cuando laboró ahí Rodríguez Luna.
