Por Shanik David
De acuerdo con los cálculos hechos por las autoridades estatales y los sindicalizados que fueron despedidos durante la administración de Rafael Moreno Valle, se requieren alrededor de 120 millones de pesos para poder cubrir los gastos que implicaría responder a las exigencias de los exburócratas.
Marco Antonio Manzano Martínez, representante de la Comisión de Trabajadores en Digna Resistencia, recordó que son 450 los extrabajadores que siguen en lucha para que se resuelva su situación tras haber sido despedidos de manera ilegal -cuestión que, dijo, ya ha sido reconocida por los funcionarios del gobierno estatal-.
De ésta cantidad, alrededor del 5 por ciento, es decir unas 20 personas sí buscan ser indemnizados ya que lograron encontrar otro empleo, mientras que el resto piden ser reinstalados de manera definitiva o, en el caso de aquellos de mayor edad, por lo menos por los años o meses que les hagan falta para alcanzar su jubilación.
Y si bien desde diciembre el gobierno del estado ya cuenta con estas estimaciones, hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo pese a que “hemos sido tratados de manera respetuosa”, comentó Manzano Martínez.
Pese a este retraso, dijo, hay cierta confianza en que sí habrá respuesta de las autoridades, pues en una de las reuniones de delegados del sindicato de trabajadores del gobierno del estado la actual dirigente, Rosalía Barranco Hernández, dio a conocer que se reinstalarán a cinco de los despedidos.
Sin embargo, hasta el momento no se sabe quiénes serían los beneficiados de esta determinación ni cómo fueron electos, por lo que Manzano Martínez dijo que si se espera que este proceso “no sea selectivo, sino que sea un programa transparente y abierto”.
Además, continuó, se corre el riesgo de que este sea sólo un mecanismo por medio del cual Barranco Hernández pretenda ganarse la confianza de los sindicalizados, pues tiene planes de buscar la reelección al frente de la organización laboral en el proceso que se llevará a cabo este año.
