Por Shanik David
El Congreso del Estado tiene tres días para entregar la información completa sobre el proceso de sanción que se abrió en contra de Eduardo Rivera Pérez por su cuenta pública de 2013, pues a pesar de que desde el 14 de marzo se le pidió dicha información ésta no ha sido presentada ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales.
Lo anterior se desprende del acuerdo publicado por el citado juzgado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se señala de manera textual la omisión en la que incurrieron el Congreso del Estado y la Comisión Inspectora para cumplir con la entrega de la información que se les pidió como parte del juicio de amparo 553/2017.
Aunque este martes Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirmó que fue el lunes por la noche que se entregó el informe justificado solicitado por el Juzgado, éste reportó que el documento que se recibió fue por parte de la Auditoría Superior del Estado.
“Se advierte que las restantes autoridades señaladas como responsables en el presente juicio han sido omisas en rendir su respectivo informe de ley; por tanto, a fin de que este juzgado federal cuente con los elementos necesarios para emitir la sentencia correspondiente, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables denominadas Congreso, Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y Auditoría Superior, todos del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas las constancias que integran el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016”, se indica en el acuerdo publicado en el sistema del Consejo de la Judicatura.
De no cumplir con la entrega de esta información, la cual se insiste en el documento es “indispensable” para la resolución del juicio, el Congreso del Estado y las demás autoridades señaladas se verían merecedoras de una multa de 50 unidades de medida y actualización, es decir alrededor de tres mil 774.5 pesos.
Esto contrasta con las afirmaciones hechas por el presidente del Congreso quien puntualizó que se entregó el informe que se considero conveniente, pero que de acuerdo con el Juzgado no se cumplió.
Esta omisión por parte del poder legislativo impactó directamente el desarrollo del proceso jurídico, pues al no contarse con los elementos del informe justificado, la audiencia se tuvo que diferir para el próximo 24 de mayo, es decir un mes después de la fecha que se había planteado originalmente.
Esto implicaría que tanto el estudio de las posibles omisiones y la sentencia que emitiría en su momento el juez se verá retrasado aún más a pesar de que fue desde el 13 de marzo que Rivera Pérez presentó el recurso de amparo.
