Por Shanik David
Durante 2016, la organización Artículo 19 registró 11 casos de intervenciones de comunicaciones a periodistas, de los cuales tres correspondieron al estado de Puebla.
Esto pone a la entidad en el primer lugar en este tipo de ataques a reporteros, pues el resto de los reportes se dieron en Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca, con dos casos cada uno, y Aguascalientes y Sonora con uno respectivamente.
Lo anterior se indica en el informe anual de la organización sobre ataques a periodistas en el país, que en este año se tituló “Libertades en Resistencias”, y aunque en éste no se detalla cuáles fueron las agresiones por estado, se manera general se indica que cuatro casos fueron por intervención de correo electrónico, dos a dispositivos móviles, dos a redes sociales, dos a llamadas telefónicas y uno con el uso identificado de malware.
De acuerdo con los reportes de la organización, en total durante 2016 se registraron 28 agresiones a periodistas en el estado de Puebla, lo cual si bien representa 10 menos de los que se dieron en 2015, pone a la entidad en el cuarto lugar de mayores ataques, por debajo de la Ciudad de México (71), Oaxaca (68) y Veracruz (58).
Dentro de estas agresiones se incluyen los tres reportes de intervenciones de comunicaciones, así como el caso del asesinato de Aurelio Cabrera Campos, y una agresión a periodistas que cubrían una manifestación.
Llama la atención que además se registraron tres ataques a radios comunitarias en 2016, rubro en el que Puebla ocupa el tercer lugar, por debajo de Oaxaca que registró siete casos y la Ciudad de México que tuvo cuatro.
Gasto en publicidad alto y opaco
Como parte del análisis del ejercicio del periodismo en el país, Artículo 19 analizó el papel que juega e gasto en publicidad oficial de los gobiernos pues considera que estos contratos sirven en muchas ocasiones para censurar el libre trabajo de los reporteros.
En el reporte incluso se considera inconstitucional el gasto en propaganda oficial pues “limita la libertad de expresión de los medios (“nadie muerde la mano de quien le da de comer”), lesiona el acceso de las audiencias a información plural e independiente y genera desequilibrios en la contienda electoral debido a la sobreexposición mediática”.
Para tener un panorama sobre el tema, la organización presentó solicitudes de información a los 32 estados sobre e gasto en publicidad oficial pero “únicamente pudimos acceder a los montos ejercidos en dicho concepto en 24 entidades, porque Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz no dieron cuenta sobre los montos erogados”.
Esto, se señala, es un ejemplo de cómo a nivel local se ejerce este recurso de manera “indiscriminada y arbitraria”, pues pese a que las nuevas disposiciones en materia de transparencia obligan a rendir cuentas sobre el gasto en campañas publicitarias esto no se cumple.
El hecho de que el gobierno de Puebla se haya negado a detallar el gasto ejercido toma especial relevancia si se considera que la organización reportó que en 2016 el estado gastó 127 millones 844 mi 615.21 pesos en publicidad oficial, siendo el quinto estado que más destinó a propagada gubernamental.
