Por Shanik David
En 2016, Puebla fue uno de los seis estados en los que se asesinaron a alcaldes en funciones, situación que genera un panorama de preocupación sobre la situación de violencia que se vive en el país, según se indica en el informe Drug Violencie in Mexico 2016, elaborado por Justice in Mexico.
La organización, perteneciente a la Universidad de San Diego, Estados Unidos, emitió su reporte anual sobre la situación de la violencia relacionada con el crimen organizado en el territorio mexicano, dentro del cual le dedicó un espacio a las “víctimas especiales”, entre las cuales señala a las autoridades municipales y periodistas asesinadas en el país.
En el documento se señala que el asesinato de alcaldes en funciones, exalcaldes, electos, substitutos o candidatos es un tema de seria preocupación, pues “el homicidio de personas en cargos políticos atenta en contra de los procesos democráticos y debilita el Estado de Derecho”.
El tema toma especial relevancia pues tan sólo el pasado viernes se dio el asesinato del exalcalde de Altepexi priista Gustavo Alfonso Hernández, quien gobernó de 2011 a 2014, en un supuesto intento de asalto en la zona de Tehuacán; de acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo en el que viajaba el expresidente municipal fue interceptado por sujetos a bordo de motocicletas quienes dispararon en contra del carro.
Aunque se ha manejado la versión de que se trató de un intento de asalto, la forma en la que fue asesinado el alcalde coincide con el estudio hecho por Justice in Mexico, en donde se señala que en los casos registrados en 2016 se usaron armas de fuego de diversos calibres, y en seis de los casos parecieron ejecuciones.
Sin embargo, sólo en dos casos las autoridades reconocieron que sí fueron grupos de delincuencia organizada los responsables -el asesinato de Ambrosio Soto Duarte en Michoacán, hecho que es imputado a la Familia Michoacana, y Gisela Raquel Mota Ocampo en Morelos quien fue asesinada por el grupo Guerreros Unidos.
En el caso concreto de Puebla, en el reporte se hace mención del asesinato de José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán el Grande, quien murió el 2 de agosto de 2016.
Los otros casos documentados por Justice in Mexico son los homicidios de los ediles César Ramírez Vargas y Juan Antonio Mayen Saucedo del Estado de México, Domingo López González en Chiapas y José Villanueva Rodríguez en Oaxaca.
En el reporte además se hace hincapié en la situación de riesgo que viven los periodistas en México, que se mantiene como uno de los países más inseguros para los reporteros.
“Los estados más violentos para los periodistas fueron Oaxaca con cinco homicidios, Veracruz y Puebla con dos cada uno, y Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas con uno respectivamente”, se apunta en la investigación hecha por los especialistas de la Universidad de San Diego.
Los casos señalados en Puebla son el de Aurelio Cabrera Campos del periódico El Gráfico de la Sierra, quien fue asesinado a balazos en la zona de Juan Galindo el 14 de septiembre, y el de Anabel Flores Sálazar, pues aunque la reportera era originaria de Veracruz y laboraba en El Sol de Orizaba, su cuerpo fue encontrado en Puebla el 9 de febrero del año pasado.
