Por Shanik David
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incluyó al ayuntamiento de San Martín Texmelucan en la recomendación 10/2017, en la cual ordena medidas para atender la grado de contaminación del Atoyac, el edil Rafael Núñez Ramírez dijo que su municipio no es el responsable de la situación del río.
Si bien reconoció que la única planta de tratamiento de aguas residuales propiedad de la autoridad municipal no opera, afirmó que la contaminación empieza en la zona de San Salvador el Verde y Santa Rita Tlahuapan, pues en San Martín, presumió, las empresas están en norma.
Detalló que en el municipio operan principalmente empresas productoras de queso, que son las que podrían hacer descargas de aguas residuales en el río, pero que la mayoría tienen sus plantas tratadoras por lo que no tendría que haber problema, ya que, dijo, las únicas textileras se encuentras en los municipios antes mencionados.
“Estamos trabajando con las empresas para que no tiren sus aguas, pero no es aquí son los otros municipios los que no han tomado medidas”, subrayó el edil.
Sin embargo, reconoció que al menos desde hace cinco años en el municipio no se tratan las aguas residuales debido a que la planta de tratamiento que se cuenta está descompuesta, y al ser cuestionado sobre el retraso en la reparación de la misma volvió a imputar la culpa a otras autoridades.
En este caso, dijo que es responsabilidad de la Comisión Nacional de Agua que no se haya atendido la planta, pues aunque el municipio ya cuenta con los recursos el organismo federal no ha aportado su parte por lo que no se ha podido licitar la obra.
Pese a esto dijo que se tienen proyectos para otras tres plantas tratadoras que requiere el municipio, para las cuales se gestionarían recursos.
Insistió que esto no representa una omisión por parte del ayuntamiento pues “estamos tratando que funcione pero el recurso federal no ha llegado”.
Cabe mencionar que en la recomendación de la CNDH se menciona que de acuerdo con los documentos en poder del organismo se encontró que los ayuntamientos de Huejotzingo y San Martín Texmelucan tienen responsabilidad en la violación al derecho humano a un ambiente sano, al saneamiento del agua y el acceso a la información; junto con las autoridades municipales se señaló a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, los ayuntamientos tlaxacaltecas de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas y Ixtacuixtla, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
A los ayuntamientos en concreto se les recomendó que se ponga como requisito para la expedición o renovación de permisos de descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en las empresas, las cuales deberán contar con programas de mantenimiento; que se busquen mecanismos para incentivar el uso de aguas tratadas, que gestionen con la CONAGUA recursos para la construcción de sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento y que elaboren programas para verificar las descargas que se hagan al río.
